El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha acusado a Torra de “pisotear sistemáticamente los derechos de los propietarios catalanes con sus políticas de vivienda”.
También le ha dicho a Torra que “a falta de una mayoría para aprobar las leyes de transitoriedad necesitaron a la CUP, y ahora se encuentran que la independencia no les llega pero les queda una parte de su agenda y por eso hoy en Cataluña tenemos una presión fiscal desbocada, un ataque sin precedentes de la educación concertada, una legislación sobre okupas que prácticamente los incentiva, y ahora se sacan de la manga que quieren aprobar por Ley la limitación del precio del alquiler”.
Para Alejandro Fernández esta propuesta “como cualquier proposición de inspiración marxista está cargada de buenas intenciones, pero el problema es que los resultados acaban siendo siempre exactamente los contrarios de los que preconiza la medida”.
Así se ha referido al informe de experiencia internacional del Banco de España, aludido por la propia Ministra Nadia Calviño el pasado mes de febrero, que señalaba que “en las ciudades europeas donde se había limitado el precio del alquiler por ley, el precio no bajaba, sino que subía”.
Para el presidente Popular “el motivo de que eso ocurra es muy sencillo, porque si obligas al propietario a alquilar a un precio determinado y encima le dejas desprotegido ante los okupas, preferirá poner el piso a la venta y no alquilar, con lo cual se reduce el parque de alquiler disponible, y se acaba desviando la inversión hacia vivienda destinada a la venta en lugar de al alquiler”.
Alejandro Fernández considera que “la administración pública tiene la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, pero jamás pisoteando un derecho fundamental como la propiedad ni sacando vivienda social a precios desorbitados, mientras a los propietarios les impone un precio absolutamente imposible”.
Por ello ha anunciado que “el Partido Popular va a defender a los propietarios catalanes, voten a quien voten, porque en su inmensa mayoría, el 93%, no son precisamente millonarios, sino familias humildes que durante décadas de trabajo han destinado sus ahorros a la vivienda y no tiene por qué vivir el calvario de que se la ocupen o ver pisoteados sus derechos”.
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