El plan que María Jesús Montero pretende vender en Andalucía no es más que un envoltorio brillante para un regalo envenenado. El nuevo modelo de financiación diseñado para satisfacer las exigencias de ERC supone un golpe letal al principio de solidaridad interterritorial. Al permitir que Cataluña gestione el cien por cien de sus tributos, el Estado pierde su capacidad de redistribución, dejando a regiones como la andaluza en una situación de clara desventaja competitiva.
La ministra de Hacienda intenta disfrazar este «cupo catalán» como una oportunidad para que Andalucía obtenga más recursos, pero los números no cuadran. Si una de las comunidades con mayor capacidad fiscal abandona la caja común, el agujero resultante deberá ser cubierto por el resto o se traducirá en un recorte neto de los servicios públicos. Es una operación aritmética simple que Montero prefiere ignorar para no dinamitar sus propias opciones electorales en el sur.
El acuerdo con el separatismo rompe el modelo de igualdad que ha regido durante décadas en España entre las comunidades de régimen común – Navarra y Vascongadas comen aparte, y comen caviar -. Mientras Cataluña dispondrá de una llave propia para su caja, Andalucía seguirá dependiendo de las migajas que decida repartir el Gobierno central tras satisfacer sus compromisos políticos. No se trata de una mejora del sistema, sino de una fragmentación de la Hacienda pública que deja a los andaluces como ciudadanos de segunda en el acceso a la sanidad o la educación.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, esta cesión es el precio de la supervivencia; para los andaluces, es una factura que pagarán durante generaciones. Resulta paradójico que una ministra sevillana sea la encargada de desmantelar la cohesión fiscal que tanto beneficio ha reportado a las regiones con menor renta per cápita. La ambición de Montero por llegar a San Telmo parece haber nublado su responsabilidad de proteger los intereses de todos los españoles por igual.
El sistema que propone Hacienda se basa en variables que benefician la singularidad por encima de la población real. Andalucía, la comunidad más poblada de España, necesita un modelo que garantice la suficiencia financiera por habitante, no uno que premie la deslealtad institucional de quienes quieren desconectarse del proyecto común. El «arma electoral» que Montero cree tener entre manos podría convertirse en su mayor lastre cuando los andaluces comprendan el alcance real del pacto.
Desde la Junta de Andalucía ya se ha advertido de que no se aceptarán «migajas» a cambio de validar privilegios ajenos. La confrontación está servida: por un lado, un modelo basado en la igualdad que defiende el centro-derecha y, por otro, una financiación asimétrica que solo busca comprar tiempo en la Moncloa. Es la vieja política de «quien más grita, más recibe», elevada a la categoría de ley orgánica bajo el mandato de Sánchez.
La opacidad con la que socialistas y separatistas están negociando estos cambios es otro motivo de alarma. Mientras la vicepresidenta se pasea por los medios hablando de «justicia fiscal», los detalles técnicos del acuerdo con ERC se guardan bajo llave. Esta falta de transparencia impide un debate serio sobre cómo afectará la salida de Cataluña del régimen común a la sostenibilidad de las pensiones, las infraestructuras y las políticas de empleo en el resto del país.
Resulta insultante que el PSOE pretenda utilizar la financiación como un reclamo electoral en Andalucía cuando, en la práctica, está firmando su sentencia de muerte financiera. Los andaluces saben que el dinero no se crea de la nada; si Cataluña deja de aportar al fondo de solidaridad, el resto de las comunidades sufrirá las consecuencias. Es un juego de suma cero donde el independentismo gana y la cohesión nacional pierde por goleada.
La estrategia de Montero pasa por inundar el debate con tecnicismos para evitar que la opinión pública entienda la gravedad de la situación. Sin embargo, la realidad es tozuda: no se puede ser la candidata de Andalucía y, al mismo tiempo, la arquitecta de un modelo que vacía las arcas del Estado para contentar a quienes quieren destruirlo. Es una contradicción moral y política que marcará la próxima campaña en la región.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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