El PSC instrumentaliza los símbolos nacionales y el idioma español con un oportunismo político descarado. La fórmula es siempre la misma: durante las campañas electorales, Salvador Illa y el resto de líderes utilizan el castellano y alguna bandera de España aparece en sus actos. Es una puesta en escena de «constitucionalismo flexible».
Pero esta fachada de bilingüismo y unidad se desvanece al obtener el poder. La Generalitat de Illa ha confirmado que la prioridad no es la convivencia real, sino la agenda lingüística excluyente del nacionalismo. El compromiso con la lengua común se liquida para satisfacer a sus socios.
La discriminación contra el castellano es un hecho probado y sistemático. En Barcelona, el alcalde Jaume Collboni ha ejecutado despidos de personal municipal —desde cocineros hasta empleados de limpieza— por no cumplir con un nivel de catalán avanzado. Es una purga laboral basada en la lengua, financiada con dinero público.

El nuevo Govern ha institucionalizado la ofensiva. Crear una Consejería de Política Lingüística y poner al frente a un perfil radical, cercano a Esquerra Republicana, es la señal más clara. El PSC asume el rol de ejecutor de la estrategia separatista para reducir la presencia del español a la mínima expresión.
La deslealtad institucional se constata en la inacción ante la simbología nacional. La Delegación del Gobierno en Cataluña, dirigida por el socialista Carlos Prieto, tolera de forma cómplice el incumplimiento masivo de la Ley de Banderas. La enseña nacional brilla por su ausencia en cientos de ayuntamientos gobernados por separatistas.
Esta situación de insumisión solo se interrumpe de forma episódica. La Junta Electoral, forzada por denuncias de entidades constitucionalistas, obliga a colgar la bandera de España durante las elecciones. Una mascarada que permite a los alcaldes evitar la inhabilitación, con la aquiescencia del poder central socialista.
Lo más grave es la complicidad interna del PSC. Decenas de alcaldes y concejales socialistas forman parte de gobiernos locales que se niegan a cumplir con la ley y a exhibir la bandera de España. El partido que gobierna el país tolera que sus cuadros ignoren los símbolos que representan la unidad de la nación.
El PSC disfraza esta rendición como una estrategia de «reencuentro». Pero la supuesta convivencia se construye pisoteando los derechos lingüísticos básicos de los ciudadanos que optan por el español en la educación. La ausencia de la rojigualda en la Generalitat es vendida como un ejercicio de «normalización».
El veredicto es ineludible: el PSC se ha convertido en el ala moderada del secesionismo. Illa mantiene el decoro institucional —saluda al Rey Felipe VI—, pero su política diaria es la aplicación de la hoja de ruta impuesta por el separatismo.
Mientras el alcalde Collboni se reúne con el Rey y con sus homólogos en el resto de España, la vida cotidiana en las calles de Barcelona es un reflejo de la exclusión: la cartelería municipal y la señalización están casi únicamente en catalán. El castellano, a pesar de ser la lengua mayoritaria, queda relegado a la irrelevancia administrativa.
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