En octubre de 2017 los españoles pudimos parar el golpe de Estado de Esquerra, Junts, las entidades secesionistas — ANC y Òmnium Cultural .– y la CUP, pero la siguiente, sobre todo si se hace de manera conjunta con otros partidos secesionistas de otras regiones, no será tan fácil de impedir.
Sobre todo si seguimos quitando competencias a la Administración General del Estado para entregarlas a administraciones que son absolutamente desleales con el sistema democrático español. Pedro Sánchez está debilitando cualquier posible respuesta ante los embates de los radicales que quieren acabar con nuestro país.
El presidente del Gobierno ha puesto la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas al servicio de los secesionistas. Por no hablar de la eliminación del delito de sedición y el deseo de descafeinar el de malversación. O su inacción ante la ofensiva secesionista para eliminar el español como lengua de uso social, escolar e institucional en Cataluña o en el País Vasco, de momento, y en otras comunidades en el futuro según vayan los resultados electorales. Sánchez ha escogido como aliados a los separatistas, y eso tendrá graves consecuencias para nuestro país.
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