La voluntad de Pedro Sánchez de traspasar a los Mossos d’Esquadra competencias de vigilancia en la frontera es, sin duda alguna, uno de los peores errores que este Gobierno va a cometer. Ya no solo porque es algo inconstitucional, dado que esa competencia es exclusiva del Estado y no se debe ceder.
Lo peor no es que sea una decisión antijurídica, es que es una estupidez. Ceder competencias de vigilancia de fronteras a un cuerpo como los Mossos, que fueron cómplices del golpe de Estado separatista del 1 de octubre, es una insensatez sin límites.
El Gobierno no puede olvidar que los Mossos intentaron destruir en la incineradora del Besòs cajas con documentación que demostraban el espionaje a líderes constitucionalista por parte de la policía autonómica. Y que tuvo que ser la Policía Nacional la que lo impidiera.
El Gobierno no puede ignorar que el 1 de octubre los Mossos no movieron un dedo para impedir la celebración del referéndum ilegal cuando había una decisión judicial que así lo dictaba. Las imágenes de complicidad entre agentes de la Policía autonómica y los golpistas que votaban en los colegios fueron mucho más que una casualidad.
El Gobierno no puede ignorar que el prófugo de la justicia Carles Puigdemont se fugó del centro de Barcelona ante los morros de centenares de agentes de la policía autonómica. Eso no fue una casualidad, porque no hay quien se lo crea.
A un cuerpo policial que tiene tantas sombras y sospechas sobre su lealtad al régimen constitucional no se le puede ceder la responsabilidad de nuestras fronteras. Es simplemente un suicidio político como nación. Ni siquiera un personaje tan siniestro como Pedro Sánchez, que ha demostrado no tener ningún escrúpulo, puede tomar una decisión de este calado.
Es preciso que todos los ciudadanos que son conscientes que España está en peligro como nación adopten todas las medidas jurídicas posibles para intentar evitar que este abuso se lleve a cabo. El haber formado una coalición de gobierno por los pelos en el Congreso no legitima a Sánchez para tomar medidas que van en contra de nuestras leyes y en contra de la supervivencia de España como nación democrática.
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