El Govern separatista encabezado por Pere Aragonès ha esperado hasta el último momento para oficializar su respuesta a la sentencia del 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas.
Este próximo martes expira el plazo que el Tribunal Supremo le dio al Govern para poner el punto y final a la inmersión lingüística en las aulas de Cataluña. El ejecutivo catalán lo ha hecho a través de un decreto que rechaza explícitamente fijar porcentajes lingüísticos en las aulas como ordena la justicia.
«No se pueden aplicar porcentajes en el uso de las lenguas. El aprendizaje de las lenguas nunca se puede hacer con porcentajes. Es imposible aprobar una regulación monolítica en todo el territorio catalán», ha argumentado la portavoz del Govern separatista, Patrícia Plaja.
Como segundo aspecto capital, el decreto atribuye a la ‘conselleria’ de Educación la potestad de validar y asumir “la responsabilidad sobre la legalidad” de los proyectos lingüísticos de los centros educativos para proteger a las escuelas y a los docentes.
El Departamento de Educación reclamará a los colegios que se ciñan a la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y a la nueva ley, diseñada y pactada por el PSC con los partidos separatistas y los comunes que, una vez aprobada en el Parlament, seguirá consagrando el catalán como única lengua «vehicular». También evita comprometerse a impartir una asignatura troncal más en castellano, como reclama el TSJC.
Será la Generalitat quien «revise y valide» dichos proyectos lingüísticos y quien «velará» por que «se ajusten a ese marco normativo«.
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