Rodalies ha recuperado finalmente la actividad tras dos jornadas de parálisis y frustración para miles de usuarios. La normalidad, con grandes retrasos, regresa a las vías, pero no así la asunción de responsabilidades políticas por parte del Ejecutivo catalán. La consellera de Territori y portavoz, Sílvia Paneque, ha comparecido este viernes con un discurso marcado por la ausencia total de autocrítica.
Para el Govern, la gestión de la crisis ha sido impecable y el error reside exclusivamente en los organismos estatales. Paneque ha sentenciado que el gabinete de Salvador Illa hizo en todo momento lo que le correspondía ante el caos. Esta actitud refuerza una narrativa victimista que busca proteger la imagen del nuevo ejecutivo frente a las deficiencias del sistema ferroviario.
El episodio más controvertido fue el anuncio fallido de la reanudación del servicio para el pasado jueves. El Govern aseguró que los trenes circularían a las 6:00 horas, una promesa que terminó en un nuevo desplante para los ciudadanos. Paneque justifica ahora aquel error basándose en un supuesto certificado de operatividad emitido por Adif la tarde anterior.
Según la versión oficial, la Generalitat recibió una carta el miércoles a las 18:00 horas que daba luz verde al sistema. Con ese documento sobre la mesa, el Departamento de Territori ordenó a Renfe iniciar las operaciones de madrugada. Sin embargo, la realidad a pie de vía fue radicalmente distinta a la prevista en los despachos oficiales.
A la hora señalada para el inicio del servicio, el Govern se topó con una falta imprevista de maquinistas. La consellera alega que no se cumplían siquiera las garantías mínimas de seguridad para poner los convoyes en marcha. Este desajuste operativo dejó a los viajeros atrapados en un cruce de acusaciones entre administraciones de distinto nivel pero mismo color político.
Como respuesta institucional, el Govern ha decidido abrir un expediente informativo a Renfe para depurar las causas del incidente. Es la maniobra clásica de la administración: burocratizar el conflicto para ganar tiempo y desviar el foco mediático. Se busca que el operador ferroviario explique por qué no pudo cumplir con la orden dada desde la Generalitat.
Resulta llamativo el tono defensivo de una portavoz que insiste en que la información de Adif era el único aval necesario. Al basar toda su estrategia en un papel externo, el Govern admite implícitamente su falta de control real sobre la infraestructura. La dependencia de los informes de terceros se utiliza aquí como un escudo político ante la indignación social.
La comparecencia de Paneque deja claro que el actual Ejecutivo no piensa desgastarse por los problemas estructurales de Rodalies. La estrategia pasa por señalar directamente a las empresas estatales, evitando cualquier sombra de duda sobre la capacidad de gestión autonómica. El ciudadano, mientras tanto, sigue siendo el rehén de una descoordinación que parece no tener fin.
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