
El Gobierno pagará un total de 1,67 millones de euros a las familias de los estudiantes de Cataluña y la Comunidad Valenciana que matricularon a sus hijos en centros privados para que pudiesen cursar sus estudios en castellano.
Esta decisión adoptada este viernes en el Consejo de Ministros viene motivada por una sentencia del Tribunal Constitucional.
El Constitucional declaró nulo en febrero de 2018 el sistema incluido en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa de 2013, por el que se abonaba los gastos de escolarización en castellano en centros privados a los estudiantes que estudiaran en comunidades autónomas con otra lengua cooficial.
El Gobierno aprobó este viernes indemnizar a las familias que se acogieron a este sistema antes de que el Constitucional lo anulase.
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