Universidades públicas, la incuestionable equidistancia

De todos los desbarajustes, ataques indiscriminados y absurdos a la convivencia que se están perpetrando en las últimas semanas a la convivencia en Cataluña, me duelen de forma especial dos cuestiones. En primer lugar, los cortes de carreteras, autopistas y vías de tren, que se han llevado a cabo de forma indiscriminada, porque afectan de manera directa, un derecho tan elemental como es la libertad de movimientos de las personas y mercancías.

Con esas acciones se está coaccionando la libertad de la gente, por un lado, que no se pueden desplazar libremente y, por otro, están castigando de manera muy peligrosa la economía de toda la sociedad, sin distinción de ningún tipo. Por otra parte, me molesta y duele, la actitud de cientos de jóvenes universitarios que han creído que las universidades públicas catalanas son de su exclusiva propiedad. Además, esta creencia se ha visto reforzada por el soporte que han recibido de determinados rectorados y claustros.

Llegados a este punto, quiero aprovechar la oportunidad que me brinda esta magnífica ventana digital que es elCatalán.es para reflexionar sobre la actitud de esos jóvenes estudiantes y, sobre todo, explicar cuál es, a mi modo de ver el rol que deben asumir las universidades públicas en momentos como los que estamos viviendo en Cataluña. Veamos.

Las universidades públicas se financian principalmente mediante los presupuestos generales y las matrículas de los estudiantes, en segundo lugar. Por consiguiente, son instituciones del Estado y lo lógico es que sean autónomas sin entrar nunca en el juego de las políticas partidistas, porque son de todos y para todos.

Sus dirigentes son escogidos por su programa y bagaje académico, pero nunca se han presentado con un programa político ni han sido elegidos por su sesgo ideológico. En consecuencia, son representantes institucionales de toda la comunidad universitaria, no de una parte.

Si admitimos, aunque sólo sea por una vez, que la Universidad traspase los límites de sus competencias y actúe donde no le corresponde. ¿cómo decidiremos cuando es correcto y cuando no qué la Universidad incida en unas problemáticas y en otras no? ¿Quién y cómo decidirá que cuestiones políticas son pertinentes y cuáles no lo son? Esto nos lleva de forma directa a admitir que los dirigentes universitarios no están ni legitimados ni autorizados para hablar de cuestiones políticas en nombre de otros académicos.

Por otra parte, soy de la opinión, de que las universidades públicas no deben invadir el terreno de los representantes de la soberanía popular, son estos últimos los que han obtenido la confianza de los ciudadanos para que los representen y lleven a cabo las iniciativas oportunas en los lugares adecuados para mejorar la vida de la ciudadanía. Porque al final, ese es quid de la cuestión.

Esta breve reflexión me ha parecido oportuna para centrar el tema que es el objetivo de este artículo: la actitud de centenares de jóvenes universitarios tras la sentencia a los líderes del procés.

Tras conocerse el dictamen del Tribunal Supremo (TS) sobre los líderes del procés, grupos de estudiantes, quizás no muy numerosos, pero sí muy activos, decretaron huelgas continuadas y encierros en las facultades, impidiendo, de esa forma, el acceso a otros estudiantes que no estaban de acuerdo con los huelguistas y querían ejercer sus derechos de aprender y formarse.

Aunque no comparto ni los motivos ni los métodos de la movilización puedo llegar a entenderlos y disculparlos, porque si no son los jóvenes los que se revelan y protestan ¿quién los va a hacer y cuando se va a hacer?

Lo que no disculpo es que se quiera sacar tajada de la situación. O, dicho de otro modo: que se quieran flexibilizar las evaluaciones para hacer compatibles las clases y las protestas. Hasta ahí podríamos llegar. El que no quiera polvo que no vaya a la era.

Además, me ha parecido una frivolidad imperdonable el pronunciamiento de determinados claustros y algún que otro rectorado en contra de la sentencia y dando soporte a los alumnos partidarios de los encierros.

En este contexto, ha sido un grandísimo acierto la carta que más de 800 docentes de toda España han firmado, en contra de los manifiestos de distintos claustros y rectorados.

Los redactores de la misiva discrepan de la supuesta libertad de expresión en la que muchos han querido enmarcar las declaraciones institucionales de las universidades. Los firmantes sostienen que “es un derecho fundamental que corresponde exclusivamente a las personas, como apuntan varias sentencias del tribunal Constitucional”.

También defienden que el hecho de que una administración se exprese en nombre de todos sus miembros, como se ha hecho en esta ocasión, “implica una clara agresión a un derecho fundamental como es libertad ideológica” de los discrepantes. Derecho recogido en el artículo 16 de la Constitución.

Asimismo, ponen de manifiesto que la difusión de “un pensamiento único sobre cualquier tema” es radicalmente incompatible con la esencia de la Universidad. “sobre todo, cuando se trata de asuntos que generan una fuerte controversia social”, como es el caso que nos ocupa. En consecuencia, instan a los rectorados y claustros que se han posicionado en contra de la sentencia del TS a rectificar. De manera simultánea, muestran su predisposición “para contribuir a un debate sereno y riguroso sobre todas las dimensiones del grave conflicto que se vive en Cataluña”.

En definitiva, sería mal síntoma que la Universidad permaneciera indiferente a la realidad que la rodea y a los problemas de la sociedad. No se trata de que la Universidad-institución no hable de política, la cuestión es que no entre en debates partidistas. Como entidad pública dedicada al saber y a la formación debe mantener una incuestionable equidistancia entre todas las opciones, porque es la única manera de prestar un servicio digno y eficiente a la comunidad.

Bernardo Fernández