Aprovechando la oportunidad que me ofrece semanalmente este diario quiero incidir en un aspecto vital para cualquier Estado democrático de Derecho que se autovalore: los hombres y mujeres que prestan un servicio público diario en el territorio que tengan asignado.
Es misión prioritaria del Estado defenderlos, pero no solo a ellos, sino principalmente a sus familiares y amigos.
En Cataluña pudimos observar en directo como el Estado no estaba preparado correctamente y solo cabía saturar al poder judicial con denuncias por delitos de odio. Por cierto, poder judicial en Cataluña que a su vez estaba y está sufriendo continuamente esos actos de odio ideológico que se intentan blanquear de actos reivindicativos democráticos.
Sin ir más lejos, dotaciones policiales de los Mossos d’ Esquadra están custodiando continuamente los edificios judiciales para evitar la presión brutal que están recibiendo por ser Estado en Cataluña.
Algo que es una obviedad en cualquier otra comunidad autonómica aquí es lo “raro“.
Pero no vayan a creerse que son reacciones emocionales espontáneas (rauxa) sino que tienen un diseño de acoso social heredado del Euskadi de no hace tanto tiempo.
Todos sufrimos en 2017 con los ataques a los funcionarios policiales destinados en Cataluña y a los que prestaron servicio temporal y puntual. Todos empatizamos con sus familiares y amigos.
Pero la estrategia continúa y cada vez, más servidores públicos del Estado, abandonan Cataluña. Sus plazas. ¿quién las cubrirá? La estrategia del Estado, ¿cuál es? ¿Qué el poder judicial cargue con toda la presión y se judicialice todo?
Una estrategia objetivable en la cual, cortar los apoyos familiares y sociales de los funcionarios públicos del Estado es una prioridad y para la que utilizan cualquier formato: escraches, pintadas, redes sociales, televisiones, radios ,etc… debería tener una respuesta proporcional del Estado para eliminarla porque soslaya su propia existencia.
Entiendo que si los funcionarios públicos del Estado, sus familiares y amigos tuvieran que dedicarse en persona a contrarrestar y darles su propia medicina a los que acosan en nombre de su democracia subjetiva podemos tener un problema.
Este tipo de estrategias en la Cataluña actual son de corto recorrido e imitables al 100% por la otra parte.
Cabría esperar que un Estado con decenas de millones de habitantes tenga las herramientas necesarias para desactivar la estrategia y evitar la judicialización continuada por odio ideológico, salvaguardando su principal activo humano: los funcionarios públicos, sus familias y amistades.
David Hernández. Presidente de Politeia.
no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya.
Si quieres leer nuestras noticias necesitamos tu apoyo.