El Gobierno de España informó durante el pasado mes de agosto que pondría al Ejército a trabajar en la lucha contra el COVID-19, pero hubo dos comunidades que rechazaron esta ayuda, Euskadi y Cataluña.
El Ejército de Tierra tiene hasta 1.100 efectivos integrados en los sistemas de cada autonomía, a excepción de la vasca y la catalana. Estos militares harán labores de rastreo para frenar el avance de los rebrotes.
En la Operación Balmis iniciada con el estado de alarma, la UME fue la primera en salir a la calle para labores de desinfección o traslado de pacientes, aunque poco a poco fue delegando responsabilidades en el resto de unidades de las Fuerzas Armadas.
Cataluña y Euskadi ponen por delante las ideologías de sus gobiernos a la salud de sus conciudadanos.
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