La gestión de la fauna salvaje en Cataluña vuelve a evidenciar sus carencias tras el hallazgo de dos jabalíes muertos en Molins de Rei. Estos ejemplares, localizados cerca de una urbanización, han encendido todas las alarmas por su proximidad a la ‘zona cero’ de la peste porcina africana (PPA). La administración autonómica se ha visto obligada a reaccionar de urgencia ante la expansión de un brote que ya no parece tan controlado como se pretendía.
Con la entrada en vigor de las nuevas restricciones este viernes, el mapa del riesgo se extiende de forma preocupante hacia el sur. Los municipios de Molins de Rei y El Papiol se suman ahora al perímetro de máxima alerta, evidenciando que el virus no entiende de fronteras administrativas. La Generalitat parece ir a remolque de una situación que amenaza gravemente al sector cárnico catalán, pilar fundamental de nuestra economía exportadora.
Ya son 14 las localidades que sufren un veto total al acceso al medio natural, una medida drástica que afecta directamente al día a día de miles de ciudadanos. Poblaciones como Sabadell, Terrassa o Sant Cugat ya convivían con esta prohibición desde finales de noviembre. Ahora, el cierre de bosques y riberas se convierte en la norma en una mancha de aceite que sigue creciendo sin pausa por el Vallès y el Baix Llobregat.
La prohibición es taxativa: queda vetado cualquier paseo, actividad deportiva o recreativa en zonas boscosas. Los vecinos deben abstenerse de entrar en contacto con el entorno natural para evitar convertirse en vectores involuntarios del virus. Esta parálisis del ocio al aire libre es el precio a pagar por una sobrepoblación de jabalíes que durante años ha sido ignorada por las autoridades competentes.
El impacto no solo es social, sino también laboral, con la suspensión inmediata de todos los trabajos forestales en la zona afectada. Solo se permiten aquellas tareas estrictamente relacionadas con la limpieza de franjas de protección contra incendios, consideradas esenciales. El resto de la actividad económica ligada al monte queda totalmente congelada, con el perjuicio que ello conlleva para los profesionales del sector.
La caza, herramienta que suele ser reivindicada para el control de poblaciones, también ha quedado suspendida en estos municipios. La prioridad absoluta ahora es evitar el movimiento de los animales, ya que cualquier perturbación podría provocar su dispersión hacia áreas todavía libres de la enfermedad. El equilibrio es precario y la tensión entre los colectivos rurales y la administración empieza a ser palpable ante la falta de soluciones a largo plazo.
Un punto especialmente sensible es la prohibición de alimentar a los jabalíes, una práctica que desgraciadamente se ha vuelto común en zonas periurbanas. La Generalitat advierte que cualquier acción que atraiga a estos animales a los núcleos habitados incrementa exponencialmente el riesgo de contagio. La irresponsabilidad de algunos ciudadanos al tratar a fauna salvaje como mascotas está pasando hoy una factura muy cara a toda la comunidad.
La PPA es una enfermedad devastadora para el ganado porcino, aunque no afecte a los humanos, y su llegada a una potencia productora como Cataluña es un escenario de pesadilla. El sector observa con impotencia cómo la crisis sanitaria se desplaza por el mapa mientras las medidas de contención restringen la libertad de movimiento. La descoordinación inicial y la falta de un plan de choque previo contra el exceso de jabalíes están ahora en el centro de la crítica política.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.




















