Muchas son las noticias que está generando el anuncio de ayer del Gobierno por el que “se levanta” el control de las finanzas de la Generalitat. Muchas de ellas son inexactas, que no quiere decir falsas, sino parciales e imprecisas.
En primer lugar hay que señalar que el control de las finanzas, en todas las Administraciones públicas, desde los ministerios a los ayuntamientos, la seguridad social, etc., pasando por la administración autonómica, viene impuesta por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, adoptada en cumplimiento de los acuerdos internacionales entre varios Estados miembros de la UE. Su desarrollo permite la adopción de controles “a priori” es decir, para la autorización del gasto y “a posteriori” para fiscalizar cómo se ha gastado.
Son controles que se realizan por parte del Ministerio de Hacienda y más cuantitativos que cualitativos (alguna vez me he quejado de ello, puesto que no llegan “al menudeo” donde se puede esconder la desviación de gasto).
La intensidad del control también puede tener diversos grados, en dependencia de la situación que lo origine, y hay que distinguir entre el control ordinario (que es el que siempre se hace, especialmente cuando se trata de ingresos ordinarios) y el que derivaría de la entrega por parte del Estado de fondos especiales, como, por ejemplo, el FLA. La situación que estamos viviendo en Cataluña hizo que se instrumentaran controles más fuertes, tanto “a priori” como “a posteriori” sin que ello significara el entorpecimiento del ejercicio de las competencias, como aseguraba falsamente la Generalitat.
Está claro que durante la vigencia del artículo 155 CE los controles pudieron ser más estrictos, pero su existencia no estaba vinculada al mismo. Del mismo modo que la flexibilización del control, aunque pueda tener cierta relación con que ya no estamos sometidos a la “coerción federal” del 155, tampoco está directamente relacionada con el agotamiento de este artículo.
Vistas las últimas noticias, lo que se ha “levantado” es el control “a priori” de la ejecución presupuestaria. Queda en vigor, a pesar de las protestas de Torra, el control “a posteriori”.
Dicho esto, se trata de una medida que puede tener distintas apreciaciones:
– Intento de suavizar las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno de España. Siempre es plausible, pero más cuando el diálogo no es unidireccional sino bidireccional, lo cual no está demostrado en este caso.
– Medida que sólo tiene en cuenta el “diálogo” con el secesionismo, no con Cataluña en su conjunto. El constitucionalismo catalán puede analizarla como más de lo mismo, es decir, como la práctica que se ha venido siguiendo dirigida a tener sólo en cuenta lo que el secesionismo desea.
– Pretensión de “rebajar la tensión” que no tiene en cuenta que la tensión más profunda es la que, orquestada por el radicalismo secesionista, ha quebrado a Cataluña. Un ejemplo, lo sucedido en al acto organizado por Sociedad Civil Catalana en la Universidad de Barcelona, sobre Cervantes, brutalmente arruinado por la acción de los amigos del President de la Generalitat (los CDR, dentro de los cuales el President se vanagloria de tener a toda su familia).
Si el Gobierno de Pedro Sánchez, del que forman parte personas que conocen bien la realidad de Cataluña aunque sean de sensibilidades distintas, no tiene en cuenta a la Cataluña constitucional, que podría ser su natural aliada en la reconducción de los problemas, no llegaremos a ninguna parte.
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