El Consorcio de la Zona Franca participa en actos organizados por la dictadura china y se ha aliado con empresas que dependen de este Gobierno que atenta contra los derechos humanos. Estos son los ‘socios’ de Pere Navarro (ex primer secretario del PSC) y Blanca Sorigué, las personas que dirigen este organismo público que depende del Gobierno de Sánchez. También de Salvador Illa, el actual primer secretario del PSC, también empeñado en estrechar lazos con este país.
La dictadura china sigue con su ofensiva contra los derechos humanos, y es que el control social en China ha alcanzado una nueva y alarmante dimensión gracias al despliegue de la inteligencia artificial. Según un reciente estudio del Australian Strategic Policy Institute, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha dejado de limitarse a la vigilancia pasiva. Ahora, el régimen utiliza herramientas tecnológicas para automatizar la censura y anticiparse a cualquier atisbo de disidencia entre sus 1.400 millones de ciudadanos.
La sofisticación de estos sistemas permite al Gobierno monitorizar incluso el estado de ánimo de los presos en las cárceles. Este nivel de intrusión muestra una deriva autoritaria que utiliza la innovación no para el progreso social, sino para el sometimiento del individuo. La tecnología se ha convertido en el brazo ejecutor de una dictadura que no tolera la más mínima desviación del pensamiento oficial.
Hasta hace poco, la censura china dependía de un vasto ejército de funcionarios encargados de limpiar la red. Sin embargo, los nuevos algoritmos permiten procesar cantidades ingentes de datos en tiempo real, detectando patrones de comportamiento que podrían derivar en manifestaciones públicas. El sistema es capaz de «predecir» la protesta antes de que esta se produzca, anulando cualquier capacidad de reacción ciudadana.
Esta infraestructura se suma a la ya conocida «Gran Muralla» digital y a las millones de cámaras con reconocimiento facial que inundan las calles. La diferencia radica en la capacidad de integración de estos datos, que crean un perfil digital exacto de cada habitante. El ciudadano chino vive bajo un escrutinio constante donde cada gesto o mensaje puede ser interpretado como una amenaza para el Estado.
El informe destaca que este salto tecnológico se ha acelerado en los últimos dos años, coincidiendo con la guerra comercial con Estados Unidos. Pekín ha priorizado la soberanía tecnológica para garantizar que sus herramientas de control sean infalibles y locales. La rivalidad geopolítica no es solo por el mercado, sino por ver quién domina los sistemas que definirán el orden social del futuro.
Mientras en Occidente el debate sobre la IA se centra en la ética y la regulación, en China se aplica de forma implacable para silenciar voces críticas. El uso de estas herramientas para «prevenir la disidencia» es un ataque directo a los derechos fundamentales. El régimen comunista ha encontrado en el silicio el aliado perfecto para perpetuarse en el poder sin necesidad de recurrir siempre a la fuerza física.
Resulta inquietante observar cómo el progreso técnico es secuestrado por una ideología que desprecia la libertad individual. El Consorcio de la Zona Franca debería tomar nota con qué Gobierno hace negocios. Pero no lo hace, y saca pecho de las inversiones estatales chinas en Barcelona.
La complacencia de ciertos sectores de la izquierda europea con el modelo chino resulta, cuanto menos, cuestionable ante estas evidencias. No se puede hablar de progreso mientras se ignoran los métodos de control que Pekín exporta a otros regímenes autoritarios. La vigilancia masiva no es una cuestión de «orden público», sino de represión sistemática bajo un barniz de modernidad tecnológica.
El informe de ASPI es una advertencia clara para las democracias liberales sobre los riesgos de la tecnología sin valores. La inteligencia artificial en manos de un Estado sin contrapesos se traduce en una tiranía eficiente y silenciosa. China ya no solo vigila lo que sus ciudadanos hacen, sino que aspira a controlar lo que sienten y cómo se organizan.
La comunidad internacional no puede permanecer ajena a esta transformación del control estatal en la segunda potencia mundial. El ejemplo chino demuestra que la tecnología, por sí sola, no garantiza la libertad si no va acompañada de instituciones democráticas fuertes. El futuro que dibuja el PCCh es un espejo en el que ninguna sociedad libre debería querer reflejarse.
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