El castellano desaparece de los comercios catalanes

Hace un par de años, el semanario The Economist publicó un reportaje en el que censuraba con dureza las multas que la Generalitat impone a los comercios que no rotulan en catalán. Bajo el inequívoco titular “En Barcelona, hazlo en catalán… o paga la multa”, el rotativo británico alertaba del incremento en los últimos años de este tipo de sanciones, que no dudaba en atribuir a la determinación de los secesionistas por “imponer el catalán como única lengua oficial”.

Las cifras disponibles concuerdan con el escenario que dibujaba aquel artículo: entre 2015 y 2016, el Govern recaudó en multas lingüísticas 229.000 euros, lo que constituye más del doble de lo que ingresó los dos años anteriores (101.350€).

Para Convivencia Cívica Catalana (CCC), esta política lingüística es la causa de que el castellano tenga un presencia cada vez más anecdótica en las tiendas catalanas —al menos, en lo que a su rotulación se refiere—. Así, en su informe Las lenguas en los comercios de Cataluña, la organización revela que solo el 16% de los comercios en Barcelona rotulan en español. “Una cifra sorprendentemente baja si tenemos en cuenta que se trata de la lengua habitual del 60% de los barceloneses”, explica la entidad.

“Es obvio que en condiciones normales”, afirman, “los comerciantes rotularían en la lengua de la mayoría de sus clientes”. Sobre todo, recuerdan, “si se tiene en cuenta que esa lengua, el castellano, es compartida con los clientes del resto de España y de otras partes del mundo”.

Según el estudio, el hecho que la lengua mayoritaria sea residual en la rotulación convierte a la capital catalana en una “anomalía lingüística” a nivel internacional: “En ninguna otra gran ciudad del continente europeo ocurre algo similar”. Por ejemplo, en una ciudad como Bruselas, que también tiene dos lenguas cooficiales —el francés y el flamenco— el 52% de los establecimientos rotula en la más hablada, el francés, mientras que solo un 24% lo hace en flamenco.

De todos modos, si el castellano escasea en las tiendas barcelonesas, en otras ciudades de la comunidad casi brilla por su ausencia. Según datos del mismo gobierno catalán, en Lleida el español solo está presente en un 9% de los letreros, mientras que en Girona apenas alcanza el 5% —esto es, uno de cada veinte—. Lo que se traduce en que pasear por una de estas ciudades y toparse con un rótulo en el idioma de Cervantes bordea lo inverosímil.

Aparte del papel declinante del español, el dossier destaca otro aspecto singular: casi una cuarta parte de los comerciantes catalanes se ha decantado en los últimos tiempos por letreros sin texto o con palabras equivalentes en catalán y castellano.

En el primer caso, se valen de imágenes o, como mucho, del nombre propio del negocio. En el segundo, optan por vocablos que se escriban igual en los dos idiomas oficiales —“moda”, “taller”, “clínica”—, cuando no en inglés —“design”, “store”, “market”—. A juicio de CCC, un porcentaje tan significativo de nomenclatura neutra podría ser la “respuesta de los comerciantes a la presión ejercida por la administración para utilizar el catalán”.

La presión de la Generalitat persiste a pesar de que, a principios de año, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las multas lingüísticas. En su sentencia, el alto tribunal dictaminó que no puede imponerse el uso de una lengua entre particulares ni cabe sanción alguna por este motivo. Sin embargo, el Govern ha mantenido las multas alegando que el Código de Consumo de Cataluña no ha sido cuestionado en su conjunto.

Dada esta situación, la plataforma Impulso Ciudadano ha denunciado ante el Parlamento Europeo lo que juzga una “vulneración de los derechos lingüísticos de la comunidad castellanoparlante en Cataluña”. Según la asociación, la Generalitat practica una “política represiva” que usa el catalán como “herramienta ideológica”.

Y es que, para su presidente, José Domingo, “no tiene sentido que se obligue a rotular en la lengua regional pero no en castellano, que es la común y oficial en todo el Estado”. “O se concede libertad al comerciante para elegir el idioma que desee”, sostiene Domingo, “o se le obliga a rotular en catalán y castellano, porque tan oficial es uno como el otro”.

Por Óscar Benítez

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