El legado material de Pedro Sánchez es el de un país que retrocede a golpe de avería y falta de mantenimiento. El AVE, que antaño fue el orgullo tecnológico de la nación, se ha degradado bajo los mandatos de Ábalos y Puente hasta convertirse en un servicio errático y poco fiable. Esta dejadez se extiende a unas carreteras que ya son un peligro público y a unas Cercanías colapsadas, donde la única respuesta del Ministerio de Transportes ante el firme en mal estado es colocar cartelería en lugar de invertir. Mientras tanto, el «terror fiscal» asfixia a los ciudadanos mediante la no deflactación del IRPF, una artimaña recaudatoria diseñada para sufragar las facturas políticas de sus socios ‘separatistas’.
En el ámbito social, la propaganda de Moncloa choca frontalmente con la realidad de una juventud condenada al paro y a un mercado de la vivienda bloqueado por leyes intervencionistas. El apoyo del PSOE a normativas que dificultan la construcción y el alquiler ha convertido el acceso al hogar en una quimera para las nuevas generaciones. Es la cara b de unas cifras macroeconómicas que no llegan al bolsillo de los españoles, quienes ven cómo el dinero público se utiliza para comprar voluntades en el Congreso en lugar de fortalecer el tejido productivo o proteger a los menores tutelados en Cataluña, un escándalo que salpica a ERC y que el PSC se empeña en tapar.
Sin embargo, el daño más profundo es el que Sánchez infringe al «nervio de la nación» mediante la colonización de las instituciones. Desde el Tribunal Constitucional hasta el ‘Centro de Investigaciones Sociológicas’, pasando por ‘RTVE’, no queda organismo que no haya sido sometido al control del Ejecutivo. Al dinamitar la independencia judicial y la neutralidad administrativa, el sanchismo está quebrando la igualdad de los españoles ante la ley. Todo sea por satisfacer las ansias de unos socios fanáticos que solo buscan trocear España para perpetuar el clientelismo en sus taifas regionales a costa del interés general.
La degradación democrática alcanza su cénit con la amnistía a los golpistas y el blanqueo de los herederos de la banda terrorista que ensangrentó las Vascongadas. El Estado de Derecho ha sido sacrificado en el altar de la supervivencia de un presidente que prefiere indultar la deslealtad antes que defender la unidad nacional. Esta alianza con quienes buscan destruir el país es la confirmación de que Sánchez no solo gestiona mal lo material, sino que está liquidando los pilares morales de nuestra convivencia. El resultado es una España más pobre, menos libre y peligrosamente fragmentada por el sectarismo de la Moncloa.
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