Convivencia Cívica Catalana se ha convertido en un referente de la defensa del bilingüismo en Cataluña. Con una trayectoria consolidada y una visión clara del respeto a los derechos lingüísticos, esta entidad trabaja incansablemente por garantizar que el castellano y el catalán convivan en igualdad de condiciones, tal y como establece la Constitución y el Estatut.
Al frente de esta labor está Ángel Escolano, presidente de la entidad, cuya firmeza y capacidad de trabajo han sido clave para avanzar en objetivos concretos. Bajo su liderazgo, la organización ha logrado que el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat comenzara a rotular algunas señales de tráfico en ambas lenguas oficiales, corrigiendo una práctica de exclusión del castellano que llevaba años instaurada.
Una de las iniciativas más destacadas de este año ha sido la propuesta de celebrar un referéndum ciudadano en L’Hospitalet para consultar a los vecinos si desean que el castellano reciba el mismo tratamiento institucional que el catalán por parte del Ayuntamiento. Esta propuesta, pionera en su formato, busca devolver la voz a los ciudadanos y reafirmar el principio de igualdad lingüística sin confrontación. En unas semanas se conocerán más detalles. También organizaron un coloquio con Rosa Díez, Inma Castilla de Cortázar y Pau Guix.
Escolano ha llevado esta defensa también al terreno judicial y simbólico. Ha denunciado, por ejemplo, que en la Ciudad de la Justicia de Barcelona toda la rotulación se haga exclusivamente en catalán, algo que no solo es ilegal, sino también injusto para muchos ciudadanos que no entienden esa lengua. Su denuncia no busca confrontar, sino exigir un trato justo para todos los ciudadanos, con independencia de la lengua que hablen.
Convivencia Cívica también ha alzado la voz contra las multas lingüísticas que afectan a pequeños comercios que rotulan sus negocios únicamente en castellano. Escolano ha defendido que estas sanciones vulneran el derecho fundamental a expresarse libremente, y ha reclamado que cesen de inmediato las políticas lingüísticas coercitivas que criminalizan el uso de una lengua cooficial.
Sin olvidar que esta entidad ha conseguido las suficientes firmas para que el pleno municipal de Barcelona debata si el racista fundador del PNV Sabino Arana deje de tener una calle en Barcelona, en el distrito de Les Cortes. Convivencia Cívica Catalana propone que se cambie el nombre por el de Miguel Ángel Blanco, el regidor del PP asesinado por ETA que sirvió para unir a toda España contra la barbarie terrorista.
La coherencia de la entidad en su acción es evidente: se mueve con igual contundencia en los grandes debates públicos como en los gestos cotidianos que afectan a los ciudadanos. Desde las señales de tráfico hasta los derechos de los comerciantes, pasando por el activismo vecinal, su compromiso se ha demostrado constante, valiente y profundamente democrático.
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