La gestión que se ha realizado de las residencias de mayores ha sido claramente deficiente, y en este sentido toca mirar a la Generalitat, que es la que tiene todas las competencias en esta materia.
En este sentido cabe destacar la considerable indignación en la Coordinadora de residencias de mayores que el pasado 3 de mayo presentaron una denuncia de 95 familias y 11 centros en la Fiscalía de Barcelona.
En la denuncia se plantean hasta 4 delitos: omisión del deber de socorro, vulneración del derecho a la asistencia sanitaria, denegación de auxilio y homicidio imprudente.
“Alguien ha decidido que el grupo de más edad era un grupo prescindible. Que se les podía dejar morir. Quién será el siguiente grupo? Si dejamos que eso se quede como si no pasara nada… ¿quién tiene derecho a decidir sobre la vida y la muerte? ¿Quien tiene esta potestad para decidir quien de nosotros morirá en la próxima pandemia? ¿Qué grupo sobra en esta sociedad? ¡Es que eso es muy bestia! Ya no es el dolor y la muerte en situaciones indignas, es el trasfondo de todo eso, que es muy grave“, ha afirmado con contundencia la portavoz de la Coordinadora de residencias, Maria José Carcelén.
Los familiares dejan constancia de los correos electrónicos a la “conselleria” de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, a la Consejería de Salud y a la Secretaría de Asuntos Sociales y Familias de la necesidad de EPIs, tests a los trabajadores y residentes para frenar los contagios, así como que se aislara fuera de las residencias en centros medicalizados a las personas mayores con síntomas o positivos.
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