De facto, que no de iure. Un apunte de Teresa Freixes sobre la autodenominada ‘mesa de diálogo’

Hemos dado por hecho que vamos a tener una “mesa de negociación” entre el Gobierno español y el secesionismo, aunque la llaman “mesa de partidos” o también “mesa de diálogo” para parecer que no involucran a las instituciones. Sin embargo, las noticias que se van desgranando en los medios de comunicación a ello apuntan, aunque se trata de una forma de hacer política que no tiene parangón en el constitucionalismo democrático.

En todos los estados compuestos (federales o fuertemente descentralizados, como es nuestro Estado de las autonomías) existen diversas instituciones u órganos en los que se dirimen los asuntos que pueden afectar a uno o a varios de los entes territoriales y que precisan de un acuerdo con las instituciones centrales del país. Ello está regulado en sus ordenamientos jurídicos, en las constituciones o en otras normas como pueden ser leyes específicas, reglamentos parlamentarios, estatutos territoriales, etc.

También en España contamos con esos instrumentos. Son las comisiones bilaterales (entre el Gobierno español y una Comunidad autónoma, para los asuntos que atañen a ésta y no condicionan a las demás); las comisiones sectoriales (multisectoriales, en materias concretas, a las que asisten los órganos centrales y los autonómicos, según quien esté afectado por el asunto a tratar); la comisión de política fiscal y financiera (para los temas económicos, comportando presencia del Estado y de las CC.AA.) y la Conferencia de Presidentes (integrando al del Gobierno español y los de cada Comunidad Autónoma). Están todas ellas reguladas en su composición y funciones. Pueden ver su regulación concreta en el artículo ‘Bilateralismo versus constitucionalismo’, que, aunque tiene algún tiempo, trata de algo que está permanentemente de actualidad.

Como los Estatutos de Autonomía también pueden regular las relaciones con los órganos e instituciones centrales, en el marco de las competencias que tienen constitucionalmente atribuidas, cabría la posibilidad de que el Estatuto de Cataluña así lo hiciera. Pero ello no es así. El Estatuto se limita a regular la Comisión bilateral Generalitat-Estado (art. 183) y la Comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat (art. 210 EAC).

Así que no existe regulación alguna sobre esa “mesa de negociación” que se pretende realizar con una composición y funciones de las que nada se sabe y a cada golpe de telediario se van avanzando noticias sobre incorporaciones y temas a tratar. Se trata, pues, de una mesa “de facto”, que no “de iure”, no prevista jurídicamente, cuyos acuerdos no pueden vincular a nadie porque ni derivan de las instituciones ni tienen un marco competencial que los encuadre.

Por ello, visto los integrantes de ese “diálogo” que van apareciendo en los medios de comunicación como componentes de la “mesa de partidos”, mejor sería la hubieran claramente definido como reunión de “amiguetes”, puesto que la representación que esta mesa va a tener excluye a las fuerzas políticas y sociales claramente constitucionalistas, tanto de ámbito catalán como español. Dejaré para otra ocasión, para cuando esté definitivamente definida su composición el análisis de la misma, si es que es necesario y no se deduce de un simple “vistazo”.

Ahora, lo que me importa, es señalar que este “paripé” está fuera del marco institucional y de toda lógica democrática. Porque, en democracia, el diálogo se ejerce en el marco de las instituciones. Es la única forma de hacerlo con los requisitos de forma y fondo que los sistemas democráticos tienen interiorizados y regulados. Se sabe quién forma cada órgano, quien escoge, elige, nombra o hace cooptación de los miembros que lo forman. Tienen las competencias tasadas por las normas reguladoras. Y se establecen los procedimientos de toma de decisión, las mayorías que se necesitan en cada caso, los trabajos previos que son pertinentes para contar con todos los elementos para decidir y, también, si es necesario que lo que se discuta y, sobre todo, lo que se decida, sea objeto de consulta o referéndum.

Ello es así, en los sistemas democráticos, porque todavía no ha sido “inventada” otra forma de democracia que la representativa para dilucidar los asuntos importantes; puede, esta democracia representativa, estar acompañada, no sustituida, por otros instrumentos propios de la democracia deliberativa, de democracia directa, participativa o democracia digital. Quienes deciden, en suma, son quienes nos representan porque por algo los hemos elegido en elecciones que se tienen que realizar por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Y no pueden decidir de cualquier manera, pues han de respetar la relación mayorías-minorías, seguir los procedimientos legalmente establecidos y respetar el marco constitucional en todo momento. Por algo los contribuyentes nos rascamos los bolsillos para financiar a quienes nos representan. A todos, no sólo a los que algunos les conviene.

Por Teresa Freixes


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