El partido “Centro Izquierda de España. dCIDE” ha presentado ante la Fiscalía de Alicante una denuncia contra Ximo Puig, presidente de la Generalidad Valenciana, el consejero de Educación Vicent Marzà y el secretario de Educación e Investigación, Miquel Soler. En un comunicado esta formación, que coordina Antonio Robles, argumenta que “la denuncia se formula al apreciar hechos que pueden ser constitutivos de delito de desobediencia a la autoridad, y prevaricación” al desobedecer “las disposiciones del Alto Tribunal que ordenó la suspensión cautelar del decreto del Programa de Educación Plurilingüe Dinámico”.
El resto de la nota pueden leerla a continuación:
“Desde el pasado 24 de mayo, fecha en la que el TSJCV dispuso la suspensión del decreto Marzà, su consejería no ha dado instrucciones para cumplir con el auto del alto tribunal valenciano. El resultado de esta desobediencia ha impedido a los padres y alumnos acogerse a la elección correcta de centro escolar y a recibir la enseñanza conforme a los programas lingüísticos del 2012, generando un caos informativo entre los agentes de la comunidad educativa.
Para subsanar este fallo en la comunicación con los padres y directores de centro, el Tribunal solicitó al Consejero Marzà que explicara con detalle las medidas que iba a adoptar para cumplir con la resolución judicial. En lugar de atender las órdenes del Juez, el Consejero Marzà se ha sacado de la chistera un nuevo Decreto Ley, que se ha aprobado este mismo viernes 1 de septiembre, con el fin de esquivar los requerimientos judiciales durante 1 año.
Esta argucia administrativa sigue sin aportar tranquilidad a los padres y a los directores de centro que continúan sin recibir instrucciones claras sobre cómo elegir centro de nuevo, qué va a pasar con los libros de texto, y cómo se van a respetar los Programas Lingüísticos de Centro en el curso que comienza.
En dCIDE denunciamos la gravedad del uso de la enseñanza pública para fines políticos carentes del consenso necesario entre los miembros de la comunidad educativa, que ha presentado ya 9 recursos por entender que el programa Plurilingüe de Marzà discrimina a los estudiantes castellanohablantes. Asimismo, expresamos nuestro rechazo más absoluto a que se quieran crear ciudadanos de segunda como ha pretendido el decreto de la Consejería de Educación al etiquetar como “Básicos” a estos alumnos, al penalizarles con menos horas de inglés y al privarles de acceder a certificaciones avanzadas de idiomas por el hecho de querer estudiar en la lengua común del resto de españoles.
A esta manera de gobernar mediante leyes o acciones que no prohíben explícitamente, pero que disuaden mediante recompensas o penalizaciones se la conoce como de “Efecto Enfriamiento”. Su consecuencia es que las reclamaciones y las quejas, se suprimen, demoran o retrasan: “se enfrían”. Se trata de maniobras para provocar el miedo a reclamar de los padres más propias de regímenes totalitarios que de partidos democráticos.
El partido dCIDE cree que la Consellería no actúa de buena fe al promover un falso programa de plurilingüismo. Maraz ha asegurado que el programa ha sido elaborado por expertos en la materia por lo que no puede alegar desconocimiento de las recomendaciones del Consejo de Europa que ponen de relieve el perjuicio ocasionado a los niños castellanohablantes por no recibir la enseñanza en su lengua materna.
A nuestro juicio, el decreto de Marzà no es un ejercicio de libertad de enseñanza sino de engaño y discriminación que trata de imponer la cultura del silencio a la población castellanohablantes. El adulterado programa plurilingüe de Marzà es un fraude porque finge garantizar el dominio de tres idiomas pero solo certifica el dominio avanzado de uno solo, el valenciano, al tiempo que subordina a los idiomas español e inglés a un conocimiento elemental. Una maniobra impropia de un dirigente que va a impedir a los valencianos acceder al empleo en igualdad de oportunidades, en las empresas de la Comunidad Valenciana, en las del resto de España y en las de Europa.
Marzà no solo intenta desobedecer al Tribunal sino que fracasa al no ofrecer soluciones a los padres, alumnos y profesores ante el reto de una sociedad cada día más plural, libre y democrática“.
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