La presunción de inocencia no es una concesión al culpable. Es la última defensa del inocente. Y, sin embargo, hemos oído recientemente a la ministra María Jesús Montero decir, sin un atisbo de vergüenza, que resulta «indignante» que la presunción de inocencia tenga más peso que la declaración de una mujer. Y más aún: que esta garantía jurídica no debería aplicarse en casos de violencia de género.
Con tales afirmaciones, la ministra no solo comete un exceso verbal. Comete una agresión directa al Estado de Derecho, algo que en cualquier país con memoria democrática debería encender todas las alarmas institucionales.
Una democracia no puede permitir esto
La frase de Montero no es una mera torpeza comunicativa: es una declaración ideológica con efectos corrosivos. Si las garantías procesales pueden ser puestas en pausa según la naturaleza del delito o el perfil del denunciante, entonces ya no hay justicia, sino arbitrariedad.
Porque lo que protege la presunción de inocencia no es al culpable, sino a cualquiera de nosotros si un día nos acusan falsamente. Es la muralla que separa al poder judicial del poder político. La frontera entre una sentencia y un linchamiento.
La ley no admite excepciones emocionales
No, señora ministra: no se puede legislar desde la indignación. No se puede gobernar desde la trinchera del activismo. La ley no se dobla para complacer a los que gritan más fuerte ni se aplica solo cuando nos conviene. Los derechos no se fragmentan por causas nobles. Ni siquiera cuando esa causa sea tan seria como la violencia contra las mujeres. La protección a las víctimas no puede pasar por la demolición de las garantías de todos.
El precedente es aterrador
Aceptemos, por un momento, la premisa de Montero. Que, en algunos delitos graves, bastaría con el testimonio de una parte para despojar a alguien de su libertad, de su honor o de su futuro. ¿Cuántas denuncias falsas bastarían para destruir una vida?
¿Quién será el siguiente objetivo? ¿El empresario? ¿El periodista incómodo? ¿El adversario político?
Porque si los derechos fundamentales se vuelven opcionales, los inocentes se convierten en rehenes del Estado.
Lo que el poder no puede olvidar
Un gobierno puede equivocarse en presupuestos, en gestión o incluso en política exterior. Pero no puede equivocarse en los principios que lo legitiman. Y si una ministra —una autoridad pública— sugiere que hay garantías prescindibles, entonces la amenaza ya no viene de fuera: viene del propio poder. Lo que hace Montero no es proteger a nadie. Es abrir la puerta al abuso judicial, al castigo sin prueba, al juicio sin defensa.
La ministra debe rectificar, y el Gobierno, responder
No basta con el silencio del Ejecutivo. No basta con mirar a otro lado. Las declaraciones de la ministra no solo son imprudentes, son incompatibles con el juramento de lealtad a la Constitución.
O se revindica con claridad el principio de presunción de inocencia, o quedará establecido que este Gobierno tolera que se degrade públicamente uno de los pilares esenciales del orden democrático.
“Cuando se vulnera la presunción de inocencia, no queda más que la tiranía.”
— Cesare Beccaria, «De los delitos y las penas» (1764).
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