La delegación europea de Ciudadanos ha acusado a Carles Puigdemont de haber montado una campaña de persecución a varios funcionarios europeos por haberse manifestado en contra de la ley de amnistía y ha reclamado amparo para ellos, porque los protege el derecho a la libertad de expresión y se trata de un señalamiento intolerable y mafioso.
“Se reían ayer en el escaño en el debate sobre el Estado de Derecho en España y se regodeaban, y hoy envían una carta a la presidenta Metsola señalando a funcionarios por manifestarse en contra la amnistía. Están acostumbrados a acosar y ahora lo hacen con los funcionarios europeos, violando un principio básico en la UE como es la libertad de expresión”, ha denunciado en nombre de la delegación europea de CS Jordi Cañas.
Carles Puigdemont y Toni Comín han dirigido este jueves un escrito a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y al secretario general de la Cámara, Alessandro Chiocchetti, señalando con nombre y apellidos a un funcionario español por participar en una concentración contra la amnistía. La misma carta ha sido enviada al responsable del departamento en el que trabaja esta persona.
Se trata de un escrito similar al que los políticos fugados han remitido ya a otras instituciones comunitarias apuntando a varios funcionarios por la misma razón y subrayando el hecho, en varios casos, de que se trata de afiliados a Ciudadanos, al que tachan de partido ultranacionalista.
“No les vamos a dejar, no les vamos a permitir a estos acosadores que se sienten impunes porque Pedro Sánchez les ha amnistiado de sus delitos, a estos delincuentes, que señalen a funcionarios públicos por defender sus ideas, el Estado de derecho y la democracia en este país”, ha denunciado.
Ciudadanos tomará medidas para que se proteja a los funcionarios ante esta campaña de acoso y tiene previsto dirigirse tanto a la presidencia del Parlamento Europeo como a la Comisión “para defender a los funcionarios y seguir presionando a estos delincuentes”, ha asegurado Jordi Cañas.
El partido liberal reivindica el derecho de los funcionarios a expresar sus ideas políticas fuera del trabajo ante una situación política concreta como es esta, la proposición de ley de amnistía, y que su imparcialidad en el desempeño del trabajo no se ve comprometida por ello. Se trata, además, de manifestaciones públicas en defensa del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.
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