Cataluña es una sociedad profundamente bilingüe en la calle, pero esa pluralidad desaparece por completo al encender la televisión o la radio pública. TV3 y Catalunya Ràdio operan bajo un monolitismo lingüístico absoluto que margina de facto a una parte muy sustancial de la ciudadanía.
Esta anomalía democrática resulta aún más sangrante si se analiza el origen de los recursos que financian estos entes. Los catalanes castellanoparlantes sostienen con sus impuestos unos medios de comunicación que sistemáticamente les dan la espalda en su lengua materna.
El resultado de esta política es la creación artificial de ciudadanos de segunda categoría. Quienes pagan religiosamente sus tributos no encuentran ningún reflejo de su identidad lingüística en las pantallas que también ayudan a mantener económicamente. Existen alternativas institucionales perfectamente viables que demuestran la falsedad de la excusa técnica. El modelo de la televisión pública vasca ofrece un espejo claro, dividiendo su oferta entre un canal en euskera y otro en castellano para garantizar la convivencia.
Otra fórmula plenamente operativa consistiría en alternar de manera equilibrada el catalán y el español dentro de las propias parrillas de programación habituales. La coexistencia pacífica de ambas lenguas enriquecería el debate público en lugar de empobrecerlo con sectarismos. Esta reivindicación no es nueva ni surge de la improvisación. Figuras políticas como el ex eurodiputado y diputado autonómico de Ciudadanos Jordi Cañas ya abanderaron en el pasado esta misma lucha por la normalidad lingüística en los estudios de Sant Joan Despí, chocando siempre contra el muro del nacionalismo. Ahora son PP y VOX los que encabezan la lucha para conseguir unos medios públicos que no estén al servicio del separatismo.
La izquierda gobernante, liderada por el PSC de Salvador Illa, prefiere mirar hacia otro lado para no incomodar a sus socios separatistas. Su tibieza perpetúa una anomalía que castiga a los hablantes de español y consolida un aparato de agitación partidista. El problema no se limita exclusivamente al uso del idioma, sino al sesgo ideológico permanente que impregna toda la programación. Los contenidos informativos y de entretenimiento funcionan como un altavoz constante de consignas ideológicas excluyentes.
Un servicio público de comunicación de titularidad autonómica debe representar a la totalidad de la población, no a una facción excluyente. Convertir la radiotelevisión autonómica en un instrumento de ingeniería social subvencionada subvierte su propósito democrático original. Cataluña necesita con urgencia unos medios de comunicación que respeten a todos sus habitantes por igual, tanto en el fondo de sus mensajes como en el vehículo lingüístico utilizado. La verdadera concordia empieza por garantizar que ningún ciudadano sea ignorado por hablar en español.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace pueden comprar el libro.
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