El crecimiento político de Aliança Catalana responde a una corriente profunda que va mucho más allá del rechazo a la inmigración islámica. La formación de Sílvia Orriols capitaliza un sentimiento excluyente que apunta directamente contra los ciudadanos contrarios a la independencia. Para este sector separatista radical, gran parte de la sociedad castellanoparlante residente en Cataluña representa una amenaza colonial a la que se debe marginar o expulsar.
Este planteamiento supremacista no brota de la nada ni constituye un fenómeno político sobrenatural. Hunde sus raíces en décadas de discurso nacionalista institucionalizado, donde la pretendida superioridad moral de Cataluña frente al resto de España se ha normalizado por completo. Los herederos de esta ideología simplemente han elevado el tono y explicitado lo que muchos dirigentes del soberanismo tradicional pensaban en privado.
Las referencias a esta actitud soberbia encuentran paralelismos claros en figuras históricas del pujolismo. Declaraciones pasadas sobre pureza cultural o la descalificación de los conciudadanos no separatistas como seres inferiores evidencian una hoja de ruta ideológica constante. Las teorías sobre diferencias identitarias o genéticas proclamadas por líderes independentistas refuerzan esa visión sectaria de la sociedad.
El desprecio sistemático hacia el conjunto de España impregna también los espacios públicos de comunicación y entretenimiento. Ciertos programas de la televisión autonómica pública han ejercido durante años una labor de caricaturización constante de las instituciones españolas. En paralelo, se promueve un complejo de superioridad cultural respecto a regiones del sur peninsular como Andalucía o Extremadura, presentadas de forma despectiva.
Quienes defienden estos postulados ignoran deliberadamente que la Cataluña actual es inseparable de los flujos demográficos y culturales procedentes del resto del país. Pretender una comunidad autónoma monolingüe, uniforme y refractaria a la pluralidad española es una quimera insostenible. Sin embargo, ese mito identitario alimenta las expectativas electorales de formaciones extremistas que prometen una limpieza ideológica camuflada de soberanía.
El fenómeno de Orriols – una reciente encuesta de La Vanguardia la sitúa a punto de ser el primer partido catalán – demuestra que la radicalización encuentra un terreno abonado cuando el nacionalismo moderado abre la veda de la diferenciación étnica y cultural. Al poner el foco en la expulsión de colectivos enteros, la alcaldesa de Ripoll conecta con una base social que asume el ideario identitario sin filtros. Ya no se trata únicamente de gestionar el autogobierno, sino de purificar el censo ciudadano según criterios estrictamente ideológicos.
Ante este panorama alarmante, la respuesta del Gobierno central ha brillado por su ausencia. La izquierda instalada en La Moncloa ha priorizado los pactos tácticos de legislatura con los partidos separatistas por encima de la defensa del marco constitucional en Cataluña. Con tal de asegurar sus apoyos parlamentarios, el Ejecutivo socialista ha eludido dar la batalla cultural necesaria frente al relato hegemónico del independentismo.
Esta dejación de funciones por parte del Estado debilita a los demócratas constitucionalistas que resisten en el territorio catalán. Mientras el separatismo cuenta con recursos públicos millonarios y un control férreo de los altavoces institucionales, el centro-derecha y los sectores no nacionalistas carecen de un respaldo firme desde Madrid. La inacción gubernamental deja desamparada a una parte muy significativa de la población catalana.
Frenar esta deriva exige abandonar la complacencia y plantar cara a los dogmas del separatismo excluyente desde los valores de la libertad y la igualdad. Los ciudadanos que no comulgan con el separatismo merecen un amparo real frente a quienes pretenden convertirlos en ciudadanos de segunda. La democracia española no puede permitir que el sectarismo identitario dicte quién tiene derecho a vivir y prosperar en Cataluña.
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