Cómo destruir un Estado desde la educación

En el año 1990 el PSOE aprobó una ley de educación llamada LOGSE, que empeoró significativamente nuestro sistema educativo. Aunque extendió la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, lo cual estaba bien ya que esa es la edad mínima para acceder al mundo laboral, lo hizo de la peor de las maneras posible, ya que estableció que todos los alumnos debían estar juntos en la misma aula y aprendiendo las mismas cosas hasta esa edad, en lugar de permitir que pudieran escoger diferentes itinerarios en función de sus capacidades e intereses.

Para que todos pudieran pasar al curso siguiente, se cambiaron los criterios de promoción de curso, se impuso la comprensividad como única teoría pedagógica del país y se presionó al profesorado que quería tener en cuenta las calificaciones de los alumnos, ya que ello comportaba demasiados suspensos, según las Consejerías Autonómicas de Educación. El profesorado protestó pero no sirvió de nada, tuvo que elegir entre aceptar la LOGSE o dejar la profesión y lógicamente la aceptó.

Aunque muchos políticos y periodistas siguen diciendo que después de la LOGSE han habido muchas otras leyes y en la teoría es verdad, en la práctica los profesores seguimos con el mismo modelo que estableció la LOGSE, ya que la siguiente ley, la LOCE del PP, no se llegó a aplicar, y la LOE del PSOE, que vino de después, cambió muy pocas cosas, como era de esperar siendo del mismo partido, y la que vino luego, la LOMCE del PP, cuya gran novedad era el establecimiento de unas evaluaciones externas con valor académico al final de la Primaria y al final de la ESO, se congeló y dichas evaluaciones nunca se llegaron a realizar. En resumen, llevamos treinta años con el mismo modelo educativo establecido por la LOGSE.

Ahora el PSOE está preparando una nueva ley, la LOMLOE o ley Celaá, que sigue el modelo de la LOGSE, acentuando sus defectos ya que no contempla hacer evaluaciones externas al final de cada etapa, pruebas que hoy resultan imprescindibles para impedir el adoctrinamiento político partidista que se realiza en varias Comunidades Autónomas, pretende permitir que se dé el título de la ESO aunque los alumnos tengan muchas asignaturas suspendidas (Artículo 28) y el de Bachillerato aunque se tenga una asignatura suspendida (Artículo 37), delega en las Comunidades Autónomas el uso o no del castellano o español como lengua vehicular (nueva disposición adicional trigésima octava, punto 4), y permitirá que en los centros que lo deseen, ya no se impartan las asignaturas establecidas, sino que se hagan las actividades que los centros decidan y que se pongan las notas que a ellos les parezca oportuno. Un conjunto de cambios que restará estímulo a los alumnos para esforzarse más para aprobar, y que dificultará que los padres puedan saber si sus hijos realmente están aprendiendo o están perdiendo el tiempo.

Todavía hay profesores que ante los evidentes errores de la futura ley Celaá, escriben concienzudos artículos intentando convencer al Ministerio de que no los cometa. Ellos no entienden cómo ni el Ministerio ni las Consejerías no lo ven. La realidad es que estos bienintencionados expertos en educación, no entienden lo que está pasando porque no se han dado cuenta de que el objetivo de esta futura ley no es educativo sino político.

Se trata de propiciar y facilitar un cambio de Estado, de pasar de un Estado en el que el Ministerio de Educación supervisa lo que se enseña en los centros y, de esta forma, puede garantizar a las familias los conocimientos reales adquiridos por sus hijos, a un Estado en el que esa función se deja en manos de las Comunidades Autónomas, para que ellas hagan lo que quieran, las cuales están lógicamente encantadas, porque de esta manera no corren el riesgo de quedar mal ante el resto de Comunidades. Con tanta dejación de funciones el Ministerio de Educación ya se hace prescindible y esa es su gran contribución al proceso. Si otros Ministerios también se hacen prescindibles, se puede alcanzar, por fin, el objetivo perseguido, que es demostrar que ya no hace falta un gobierno central, porque ya no tiene nada que hacer.

Imaginemos que la hipótesis anterior fuera cierta, que usted es el ministro de educación y que usted quiere contribuir desde su ministerio a conseguir acabar con su país. ¿Qué haría? Pues hacer una nueva ley de educación que lo facilitara. Si en su país hubiera una lengua común que se habla en todas partes, su ley permitiría que se prohibiera utilizarla en los centros educativos y que fuera obligatorio utilizar la lengua de cada región. En segundo lugar, su ley permitiría que la Historia común del país se pudiera explicar de forma diferente en cada región, cada una poniendo el acento en los perjuicios que el gobierno central del Estado ha causado en dicha región a lo largo de los siglos. Como un país se diferencia de otro país básicamente en su lengua y en el relato de la historia que cada uno hace, en pocos años, con solo las dos medidas anteriores ya se generarían tantas sociedades con identidades nacionales diferentes como regiones hubiera.

Para que el proceso anterior sea posible es necesario que la ley no contemple la posibilidad de realizar evaluaciones comunes a todas las regiones, ya que al haber estudiado los alumnos lenguas diferentes y conceptos históricos diferentes, una evaluación así pondría en evidencia lo que se está haciendo. Además, para conseguir que todos los alumnos sean educados en la ideología política regional en el tiempo previsto, es necesario que el ambiente escolar sea relajado y amable, por lo que la ley debería favorecer la promoción de curso y la titulación final de forma generalizada, aunque al alumno le queden algunas materias pendientes. ¿Le recuerda todo esto a alguna situación parecida? Pues eso.

Tal vez no es casual que el mismo año en que se aprobó la LOGSE, el 1990, fue también el año en el que, en el diario “El Periódico” de Cataluña, fue publicado el programa 2000 de Jordi Pujol, en el que se detallaba el programa de ingeniería social a aplicar, para conseguir una sociedad que solo se sintiera catalana. Ni tal vez tampoco es casual que el PSOE siempre contara con el apoyo de los partidos nacionalistas y de los sindicatos de clase para elaborar sus leyes educativas, mientras que el PP siempre tuvo que aprobar sus leyes educativas en solitario, gracias a que tenía mayoritaria absoluta. Ni tal vez es tan descabellada la hipótesis de que algunos partidos están utilizando la enseñanza para conseguir futuros votantes, en lugar de cómo servicio a la sociedad, como demuestra el hecho de pretender quitar los conciertos a la enseñanza privada y el quitar la asignatura de religión, sin ofrecer sustituirla por una historia de las religiones o una cultura religiosa.

Esto demuestra que el Ministerio no está intentando hacer un pacto de Estado que de estabilidad al sistema educativo, sino imponer sus ideas y conseguir un nuevo modelo de Estado en el menor tiempo posible, aprovechando que el estado de pandemia reduce las discusiones parlamentarias y los tiempos. Al Ministerio de Educación ya se le ha pedido un gran pacto por la educación, así que en breve sabremos si la hipótesis de la destrucción desde dentro es cierta o no.

Antonio Jimeno

Presidente del sindicato de profesores AMES

(Acción por la Mejora de la Enseñanza Secundaria)

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