Ada Colau gusta presumir de su “desobediencia” hacia las leyes que no le gustan, y llama “presos políticos” o «exillados» a los fugados y procesados y condenados por la justicia democrática española. Y apoya que el Govern viole los derechos civiles de los castellanoparlantes y que sus hijos no reciban educación en su lengua materna.
Este postureo de la alcaldesa lo ha llevado a cabo desde la comodidad del coche oficial, y de la coacción que impone desde el consistorio de Barcelona a los ciudadanos. Porque sus funcionarios embargan las cuentas y persiguen a los que no pagan los impuestos municipales o las multas de tráfico.
La “desobediencia” del gobierno municipal de los comunes es selectiva: ellos pueden incumplir las normas que deseen, el resto de ciudadanos han de aceptar sus órdenes, o el peso de la Ley caerá sobre ellos. Este es el caldo de cultivo perfecto para que los delincuentes campen a sus anchas. Y el PSC, que es su socio de gobierno, no ha conseguido cambiar esta tendencia.
Barcelona es un pozo de delincuencia, y los criminales campan a sus anchas. Con una alcaldesa que no respeta la Ley, es normal que los ladrones se crean impunes. Y aún nos queda nueve meses largos de Colau como alcaldesa, que se nos harán eternos.
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