El eurodiputado Jordi Cañas ha pedido a la Comisión Europea que investigue las ayudas de la Generalitat de Cataluña al sector de la restauración afectado por la Covid-19 por perseguir una vez más a los catalanes castellanohablantes y ser por tanto discriminatoria: exige que se cumplan requisitos lingüísticos que ya han sido declarados inconstitucionales por el TC.
“Es intolerable que los restauradores catalanes, que ha sufrido miles de millones de euros en pérdidas y el cierre de miles de establecimientos por la Covid-19 y por decisiones políticas de la Generalitat, tengan que soportar ahora también que la Generalitat les imponga condiciones ilegales para recibir ayudas públicas. Estamos superando la pandemia, pero el separatismo excluyente continúa”, ha denunciado Cañas.
En concreto, se trata de la campaña de ayudas extraordinarias en el ámbito de las actividades de restauración afectadas económicamente por la COVID-19. La Generalitat ha establecido como condición cumplir el requisito de la Ley de Política Lingüística de 1998 que exige a las empresas atender a los consumidores en catalán cuando se expresen en esta lengua (artículo 32.1).
“Sin embargo, esta exigencia de disponibilidad lingüística fue interpretada como inconstitucional y no aplicable a las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público por el Tribunal Constitucional en dos sentencias”, ha denunciado el eurodiputado catalán en una pregunta escrita al Ejecutivo comunitario.
“Esta exigencia se suma a la vulneración sistemática por parte del Gobierno regional de los derechos de los catalanes castellanoparlantes amparados por la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y los artículos 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Supone una flagrante violación del principio de no discriminación lingüística, en el marco de la legislación europea aplicable en el mercado único”, ha añadido Jordi Cañas.
Por ello, reclama a la Comisión que abra un procedimiento de investigación de la normativa catalana por vulnerar el principio de no discriminación en el mercado único y suponer una práctica discriminatoria y anticompetitiva a la luz de la normativa europea.
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