En mayo de 2016, el President Puigdemont anunció que pediría una entrevista con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, citando un ejemplo inquietante: “la pediré y tendrá lugar. ¿Sabe por qué? Porque Juncker recibió hace una semana al primer ministro de Kosovo. ¿Sabe por qué es primer ministro de Kosovo? A través de una declaración unilateral de independencia”.
Pues bien, se cumplen en estos días siete años de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre Kósovo. Aquel 22 de julio de 2010, en palabras de Bermejo García y Gutiérrez Espada -catedráticos de Derecho Internacional Público- “no pasará a la Historia como un buen día ni para el Derecho Internacional ni para la Corte Internacional de Justicia, al haber emitido una Opinión Consultiva en relación con la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo, de 17 de febrero de 2008, que suscita más cuestiones que respuestas da. […] [No dice] nada sobre las condiciones necesarias para una declaración tal, ni sobre su alcance, ni sobre las consecuencias que puede tener en el Derecho Internacional. Evidentemente para tal viaje no se necesitaban [estas] alforjas”.
En efecto, el caso de Kósovo -tantas veces citado por los nacionalistas catalanes como modelo para el proceso independentista- es hoy por hoy un ejemplo de fracaso de la comunidad internacional. Dejemos de lado, por evidentes, las diferencias históricas. Casi diez años después de su autoproclamada independencia, la provincia autónoma serbia es, según los datos de la CIA, un territorio altamente dependiente de la comunidad internacional y de la diáspora para la ayuda financiera y técnica. Las remesas de Suiza, Alemania y los países escandinavos ascienden al 17% del producto interior bruto. Hay que sumar a esta cifra otro 10% que procede de donaciones internacionales. Sus ciudadanos son los segundos más pobres de Europa con una renta per cápita de 9.600 $ al año solo superados por los de Moldavia. La tasa de desempleo es del 33% y, en el caso de los jóvenes, llega al 60%. La emigración y la economía sumergida son las dos principales alternativas que brinda una sociedad donde la edad media es de 26 años. La corrupción introduce una externalidad negativa que distorsiona cualquier posible mecanismo de libre mercado. El suministro de energía eléctrica sigue sin estar garantizado, lo que lastra la industria, y la inseguridad jurídica disuade a los inversores extranjeros.
Sin embargo, el fracaso de Kosovo no es solo económico, sino también político. El liderazgo político kosovar prefirió el camino de los hechos consumados al de la legalidad nacional e internacional. En lugar de desarrollar el potencial que la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ofrecía a partir de la integridad territorial de Serbia -en aquella época parte de la República Federativa de Yugoslavia- los líderes albaneses de Kósovo prefirieron la ruptura. Hoy el territorio está dividido, las comunidades están enfrentadas y sigue siendo necesario el despliegue de tropas internacionales para mantener la paz. Los serbios viven amenazados en enclaves mientras sus monasterios, cementerios y edificios comunitarios necesitan protección permanente. El camino que los albaneses de Kósovo emprendieron en 2008 ha conducido a una fractura social profundísima.
Las promesas de que el reconocimiento internacional vendría de la mano de la independencia y la influencia de los Estados que apoyaban a los nacionalistas albaneses resultaron frustradas. Sí, es cierto que los Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea han reconocido como Estado a la provincia serbia, pero, en un mundo multipolar, esto no es suficiente. En realidad, ni siquiera hay consenso entre los socios europeos acerca del reconocimiento. Esto lastra las opciones de Kósovo para entrar en la Unión. España, Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía podrían oponerse a la entrada ejerciendo su derecho de veto incluso en el caso de que esa opción se plantease. Por otra parte, ni la República Popular China, ni la Federación de Rusia, ni Brasil, por poner otros tres ejemplos, han reconocido al autoproclamado Estado.
Así, aquella Opinión Consultiva del año 2010, que algunos trataron de tomar como el certificado de legalidad internacional de las independencias autoproclamadas, aseguró, en realidad, que el conflicto de Kósovo se prolongase hasta nuestros días. Los votos disidentes y separados y la propia doctrina internacionalista han advertido de los riesgos de tomar el caso de Kósovo como ejemplo de nada. La integridad territorial de los Estados sigue siendo un principio asentado en el Derecho Internacional y es muy dudoso que -después del ejemplo de Kósovo- los Estados vayan a extrapolar este caso a los demás que puedan darse. Casi diez años después de la autoproclamada independencia, Kósovo no es un modelo de éxito.
Si el President sigue pensando que Kósovo puede ser precedente o ejemplo de algo para Cataluña, la situación es aún más grave de lo que muchos creemos.
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