Para los defensores acérrimos de la inmersión lingüística este pasado lunes no ha sido un buen día, ya que el Parlamento Europeo le ha propinado un bofetón en toda regla al sistema idiomático que se usa en Cataluña.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) exigirá al Govern de la Generalitat el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a todos los centros educativos catalanes a impartir un mínimo del 25% de horas en castellano.
Además, la Comisión Europea también exigirá al Gobierno de España que se mantenga vigilante para que dicha sentencia sea aplicada en la comunidad autónoma catalana, y que adopte para ello las medidas que sean necesarias. Estas medidas han contado con el apoyo mayoritario del grupo popular, liberales y la oposición de los grupos socialista, verdes y separatistas.
Durante su intervención ante la Comisión la presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, ha denunciado la actitud del Govern de Pere Aragonès asegurando que «ha puesto su maquinaria administrativa para hacer imposible ejecutar la sentencia que obliga a garantizar el derecho de los alumnos catalanes a una enseñanza en castellano. Lo hace en todos los frentes: presionando a los directores de los centros, amparando a los que vayan a incumplir la sentencia«.
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