Apropiación indebida

O apropiación ilegítima, si lo prefieren. Es decir, actuar ilícitamente contra el bien, disponiendo como si se fuera su dueño. Sin irnos a la figura penal, las actuaciones que llevan a cabo los llamados Comités de Defensa de la República en Cataluña desde luego se pueden inscribir en lo que coloquialmente definimos como apropiación indebida.

Al grito de “Els carrers serán sempre nostres” no sólo se han intentado apropiar de las calles, sino también de las fachadas de los edificios públicos, de las plazas y las playas del espacio público y del derecho de todos los ciudadanos a moverse libremente dentro de su ciudad o a no verse intimidado por simbología partidista e ideológica ajena.

A la intolerancia y fanatismo de las brigadas del lazo amarillo se suma su nulo respeto por el patrimonio público, las ordenanzas municipales o el respeto al medio ambiente. Así, invaden nuestra ciudad de plásticos y pintadas que cuestan un sobreesfuerzo para los operarios de la empresa de limpieza y un sobrecoste para el presupuesto municipal, ese que pagan todos los vecinos con sus impuestos.

Sin ir más lejos, esta semana pasada, uno de estos CDR colgó fotos con lazos en las fachadas de nuestro Teatre Municipal de l’Escorxador, entre otros. Este edificio municipal es uno de los mejores ejemplos de arquitectura modernista de la ciudad de Lleida, así que ya se pueden imaginar el escalofrío que tuve cuando vi esas imágenes. In situ pude comprobar que habían hecho un montaje fotográfico y la pared estaba limpia de lazos. Habían seguido la estela marcada por la sra. Ponsatí, y fueron de farol.

Pero no por ello sus acciones dejan de ser graves. Esta misma semana hemos visto cómo increpaban a Inés Arrimadas y al resto de diputados de Ciudadanos que la acompañaban en Vic. En esa ciudad, en las últimas elecciones 2.899 personas votaron a Ciudadanos. 2.899 vecinos fueron insultados y violentados en ese acto. 2.899 personas han visto coartada su libertad y su derecho a escuchar a los representantes públicos que escogieron el 21 de diciembre de 2017.

Que alguien me explique cómo pueden sentirse seguros, protegidos, respetados y libres de expresar sus ideas estos 2.899 vecinos. Que alguien me explique cómo el Govern del sr. Torra va a proteger sus derechos cuando su primera medida ha sido colgar de la fachada de la Generalitat el excluyente lazo amarillo.

Y que alguien se lo explique a la nueva ministra de política territorial, la sra. Batet, tan deseosa de reformar la Constitución Española y recuperar los artículos tumbados por el Tribunal Constitucional del Estatut como pago por los votos recibidos en la moción de censura. Un pago que difícilmente satisfará a los separatistas, pero que seguro que dejará a estos 2.899 vecinos de Vic y al resto del millón cien mil catalanes que votaron a Ciudadanos en la situación de ser los que defiendan la Ley y el Estado de Derecho.

Pero que nadie dude de que los que estamos en las instituciones gracias a los ciudadanos que confiaron en Cs seguiremos defendiendo la democracia. En Lleida, los vecinos tienen garantizado que al menos en las instalaciones municipales no se les atosigue con propaganda amarilla. Y las calles y el mobiliario urbano son limpiados en cuanto se detectan los casos de vandalismo e intolerancia.

Y el respeto a la neutralidad del espacio y la administración pública es nuestra norma. Es nuestro deber como representantes públicos velar que ningún ciudadano, piense como piense, se sienta excluido del espacio público. Lo contrario que persigue el señor Torra.

Estoy segura de que en un futuro cercano los vecinos de Vic podrán tener concejales de Ciudadanos que les representen y les defiendan. Y que hagan que las calles sean de todos, sin que nadie se las apropie de forma indebida.

Ángeles Ribes, portavoz de Cs Lleida


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