La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha decidido admitir a trámite la denuncia contra el proceso administrativo que otorgó una plaza de policía local a la hija mayor -Guinadell – de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols. Un movimiento institucional que pone en entredicho las buenas prácticas en la administración municipal.
El caso saltó a la luz pública a finales de julio, tras la resolución de una convocatoria de urgencia para cubrir vacantes en el cuerpo policial. La adjudicación de la plaza a un familiar tan directo levantó sospechas de inmediato por el evidente conflicto de intereses. Lejos de guardar cautela, la líder de la formación ultraderechista Aliança Catalana cerró filas y defendió con vehemencia la legalidad del proceso de selección de su hija.
Sin embargo, las explicaciones de la alcaldesa no han logrado sofocar el escándalo en el municipio. Un particular decidió llevar el caso ante el organismo fiscalizador e hizo pública la denuncia en redes sociales, desencadenando la actuación de Antifraude. Este paso inicial evidencia que existen indicios suficientes para, al menos, revisar con lupa el expediente de contratación.
Con la apertura de este procedimiento, la OAC inicia una fase de instrucción que se prolongará durante unos tres meses. A lo largo de este periodo, amparado por la ley de protección del informante, el instructor del caso requerirá al Consistorio toda la documentación necesaria. El objetivo es determinar si existieron irregularidades administrativas o si se cruzó la línea hacia responsabilidades penales.
El desenlace de esta investigación marcará el futuro político de Orriols en Ripoll. Una vez concluida la pesquisa, la dirección de Antifraude deberá decidir si archiva la causa por falta de pruebas o si remite las actuaciones a la Fiscalía. Un revés judicial asestaría un duro golpe al discurso de quienes prometían limpiar las instituciones y terminan salpicados por las viejas prácticas de la política local.
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