Análisis de la propuesta del Cercle d’Economia sobre el autogobierno catalán y el funcionamiento territorial

Análisis de la propuesta de mejora del autogobierno en Cataluña y el funcionamiento territorial del Estado del Cercle d’Economia

Cabe reconocer al Cercle d’Economia su interés y su posicionamiento en aras del retorno a la legalidad, la concordia, la convivencia y el pacto político en Cataluña, internamente y en relación con el conjunto de España. Elementos que de no reconducirse pueden tener unas nefastas consecuencias en la economía, el crecimiento y el empleo.

Asimismo, es meritorio reconocer, y compartir, la necesidad de afrontar con valentía política esta situación y aportar que una reforma del modelo territorial, del marco competencial y el modelo de financiación autonómica son vías para el encauzamiento del actual marasmo social y político en Cataluña.

Este proceso de reforma política, como el mismo Cercle indica, conlleva a una reforma Constitucional, tendente a un modelo federal reconocido expresamente (aunque ya tenemos de facto); que debe clarificar y delimitar el marco competencial de las Comunidades Autónomas, pero también las del Estado. Aquí radica nuestra crítica y diferencia con las propuestas planteadas.

Esta reforma debe permitir cerrar, de manera definitiva, el marco competencial del Estado Central, completando el proceso actual inacabado de transferencia continuada, que sin un marco legal de referencia ha abocado a una negociación política continua entre el partido en el gobierno y los partidos nacionalistas.

En este proceso cabe el planteamiento de mayor autogobierno para Cataluña y para las llamadas Comunidades históricas, en el hilo de lo propuesto por el Cercle (lengua, cultura, derecho civil, ordenación territorial y en parte educación); pero nunca siendo implantado por una puerta de atrás, como se intentó en 2006 con el nuevo Estatuto.

Una reforma territorial de tamaña envergadura, por legitimidad y coherencia política, debe realizarse mediante un proceso de reforma constitucional que sea aprobado por el conjunto de la ciudadanía española, sujeto de la soberanía nacional; sin trampas ni artilugios. Y que aborde asimismo a la delimitación de las competencias propias y exclusivas del Estado Central.

El enfoque de elevar el Estatuto de Autonomía de Cataluña a rango constitucional, siendo únicamente votado en Cataluña, aunque pudiese ser realizado legalmente, carecería de toda la legitimidad y no sería una salida al conflicto, si no al enquistamiento del mismo a nivel del conjunto de España. Y dejaría por resolver la atribución de las competencias exclusivas del Estado Central ya mencionado.

Las razones que indica el Cercle para proceder de esta forma se fundamentan en la urgencia y las prisas. En este aspecto no podemos estar más en desacuerdo. Es precisamente mediante el pacto político a gran escala y la búsqueda de grandes consensos como se podrá reconducir el clima de crispación social en Cataluña; no mediante prisas que únicamente contenten a una parte, y no mayoritaria, de la población catalana.

Discrepando de soluciones cortoplacistas y urgentes; sí podemos compartir la necesidad de encontrar, antes de plantearlo como debate Comunidad Autónoma – Estado, una solución de consenso a nivel catalán; donde reside el conflicto y la discrepancia. Es el consenso entre las fuerzas políticas catalanas la clave para salir del actual atolladero, y no en las diferencias entre Barcelona, Madrid o Bruselas…. ¿Seremos capaces de entendernos? ¿Y de reconocer nuestra pluralidad como sociedad?

Este último punto es la clave de todo; no sólo se trata de poder conseguir unas competencias exclusivas y propias que consideren la particularidad cultural o social catalana; si no reconocer la pluralidad de nuestra propia sociedad y alcanzar el pacto político preciso para regular el ejercicio de toda competencia bajo el respeto a esta pluralidad social, política, cultural y lingüística.

Será imposible caminar hacia un marco de competencias exclusivas sin asumir la pluralidad y diversidad social de Cataluña, reconociendo los derechos ciudadanos que ello implica.

Un gran reto que requiere valentía política para ser enfrentado y resuelto. Todos nos jugamos mucho en ello; como bien apunta el Cercle d’Economia.

Jorge Fdez-Argüelles