Alicia Romero, actual consejera de Economía de la Generalitat de Cataluña, es una de las políticas más nacionalistas del PSC. Desde el primer momento se ha mostrado favorable a una fiscalidad propia que refuerza la narrativa de que Cataluña debe romper con el sistema común.
Su discurso ha girado en torno a la supuesta necesidad de que Cataluña gestione todos los impuestos. Esta posición, más propia del separatismo económico que de la postura tradicional socialista, está en consonancia con los deseos de Salvador Illa de convertir al PSC en el eje central del nacionalismo catalán.
Romero ha hecho suya la bandera de la “singularidad catalana” en materia tributaria, repitiendo un argumentario que lleva años defendiendo Esquerra Republicana, aunque desde posiciones más técnicas y menos abiertamente ideológicas.
No han faltado voces que la acusan de haber asumido sin matices el relato secesionista del “España nos roba”, bajo una formulación tecnocrática. La idea de que Cataluña está siendo “expoliada fiscalmente” por el Estado central ha regresado al centro del debate político catalán de la mano de una consejera que, en teoría, debía representar una alternativa al nacionalismo económico.
En lugar de eso, ha puesto en marcha un modelo que genera más confrontación que consenso, con el apoyo total de Salvador Illa. Romero ha defendido que su modelo es exportable a otras comunidades, pero los hechos indican lo contrario. Su insistencia en que se trata de una “singularidad replicable” suena más a retórica política que a una propuesta federal coherente.
El objetivo parece ser blindar un régimen financiero excepcional para Cataluña sin aplicar ese mismo trato al resto de autonomías, lo que socava el principio de igualdad entre territorios y mina el discurso socialista tradicional. Tampoco ha dudado en asumir un papel protagonista en las críticas al sistema de redistribución fiscal del Estado. Ha llegado a calificar el sistema actual de injusto y obsoleto, sin ofrecer alternativas concretas más allá del control total de los tributos.
Pero mientras denuncia una supuesta falta de recursos, se niega a revisar de forma significativa la carga fiscal que soportan los catalanes, en especial las rentas medias y bajas. En materia de política fiscal interna, su gestión también ha sido motivo de controversia. Ha anunciado rebajas mínimas para los tramos más bajos del IRPF, pero se ha mostrado reacia a tocar impuestos autonómicos que penalizan la actividad económica.
Romero ha presentado la ampliación de la Agencia Tributaria Catalana como un paso técnico, pero sus implicaciones políticas son evidentes ya que la creación de una hacienda propia se convierte en un símbolo más de diferenciación con el resto del Estado. Este despliegue administrativo, lejos de garantizar eficiencia, podría fragmentar aún más el sistema tributario nacional y dificultar la coordinación fiscal entre comunidades.
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