El agujero de las pensiones

Aunque algunos se resistan a creerlo, hay vida y suceden cosas más allá de la burbuja secesionista catalana. Cosas que nos afectan de manera directa.  Por ejemplo, la situación de emergencia que está padeciendo nuestro sistema público de pensiones.

En efecto, el pasado mes de diciembre el Ejecutivo de Mariano Rajoy volvió a echar mano de la “hucha” de las pensiones para hacer efectiva la paga extra. Eso ha hecho que el fondo de reserva haya quedado tiritando. De los más de 66.000 millones que quedaron en caja cuando los socialistas abandonaron el poder, nos hemos quedado, a día de hoy, con menos de 8.000. Pero es que las previsiones son nefastas. El gasto previsto para éste 2018 es de unos 125.000 millones que se pueden cubrir con las aportaciones que hacen trabajadores y empresas, lo que no se cubre son las pagas extras y eso asciende a unos 15.000 millones de euros.

Es evidente que la situación es muy grave y hay que poner manos a la obra para solucionar el problema. De no hacerlo, uno de los pilares del Estado del bienestar se nos va a ir a Norris y las consecuencias puede ser trágicas. En España hay más de nueve millones de pensionistas, y son cientos de miles las familias que subsisten y pueden ir tirando adelante gracias a la pensión que cobran sus mayores.

En estas circunstancias hay que tomar decisiones, y hay que tomarlas ya. Para empezar, hay que reconstruir el Pacto de Toledo que el PP hizo añicos en 2013. Acto seguido se deben articular los mecanismos necesarios para garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo.

Resulta insólito que el déficit de nuestro sistema de Seguridad Social se haya disparado en los últimos cinco años. No obstante, los   motivos son evidentes: por un lado, las altas cifras de paro generadas por la crisis de 2007 y, por otro, la reforma laboral aprobada por el PP con la inestimable colaboración de la ya desaparecida CiU. Esa situación ha puesto en bandeja un apetitoso negocio de más 85.000 millones de euros anuales para las entidades financieras que ofrecen pensiones privadas a su clientela. Algo, por cierto, bastante inverosímil, porque una pensión mediana de esa tipología requiere un ahorro de unos 7.700 euros anuales. Aquí la pregunta es obvia, ¿con los míseros salarios que se están pagando, quien se puede permitir un lujo semejante?

Es una vergüenza intolerable que los recortes y los ajustes de las políticas equivocadas los tengan que pagar aquellos que cotizaron religiosamente a lo largo de su vida laboral. Los gobiernos tienen la obligación de cuidar y gestionar de forma adecuada nuestro sistema de pensiones para que no se deteriore y sea sostenible. Del mismo modo que es inconstitucional celebrar un referéndum para segregar un territorio y es un posible delito que debe ser perseguido; también es un atropello que debe ser castigado privar a las personas de aquello que ganaron con su trabajo y ahora se les quiere negar.

Desde luego el tema es muy duro y espinoso. Requiere de mucha imaginación y voluntad política para solventarlo. Por eso, para empezar, sería bueno tener unas cuantas cosas claras.

• Nuestro modelo de pensiones públicas es sostenible y lo será para los que vienen detrás de nosotros en la medida en que las prestaciones destinadas a pagar pensiones, más una cantidad dedicada a mantener un fondo de cobertura, sea igual a los ingresos.
• En cualquier caso, no podemos perder de vista que los servicios sociales –y las pensiones públicas de jubilación pertenecen a ese ámbito- ni pueden estar sometidos a la lucha política ni deben ser una mercancía a disposición de aquellos que la puedan comprar.
• Las reformas que se lleven a cabo en el sistema deben estar orientadas por los principios internacionales que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que son: “universalidad, trato igual, solidaridad social, equidad de género, suficiencia de prestaciones, regulación y supervisión públicas, gastos administrativos moderados participación social en la gestión y sostenibilidad financiera a largo plazo para garantizar las pensiones futuras.”
• Finalmente, no debemos ignorar que no hay ninguna razón especial para que las pensiones se financien exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores. Toda la riqueza social producida, en la que se incluye el trabajo de muchos años de los actuales pensionistas, debe servir para el mantenimiento de aquellos que, o bien por edad o por cualquier otro tipo de incapacidad, no están en condiciones de trabajar.

Creo, con sinceridad, que a partir de aquí se puede empezar un buen trabajo. Siempre y cuando haya voluntad para ello, claro está.

Bernardo Fernández