“El derecho a decidir no existe en ningún ordenamiento jurídico europeo”

Teresa Freixes (Lleida, 1950) es una prestigiosa catedrática de Derecho Constitucional en la UAB y catedrática Jean Monnet ad personam que tras años en la defensa del respeto a las normas ante las ilegalidades cometidas por los promotores del proceso secesionista dio un paso a la primera línea de la resistencia al ser escogida presidenta de Concordia Cívica, una plataforma que agrupa a diversas entidades catalanas constitucionalistas. También es miembro de la Real Academia Europea de Doctores.

Concordia se ha reunido con un buen número de asociaciones de resistencia al nacionalismo para coordinar sus actuaciones. ¿Cuál es el balance?

En general positivo, aunque estamos todavía en los inicios, dado que salimos a la luz en enero de este año. Se advierte un cierto “hartazgo” en la sociedad catalana sobre los fines y métodos del “procés”. También en el resto de España, porque los catalanes no vivimos al margen del resto de la ciudadanía.

En sus artículos de opinión, como presidenta de Concordia y como experta en temas constitucionales, denuncia los peligros del referéndum que promueven los secesionistas. ¿Cuál es la trampa del “queremos votar”?

Los secesionistas, cuando promueven la idea de que la democracia es simplemente votar, saben perfectamente que ello sólo puede hacerse dentro del marco legal. No se pueden hacer elecciones en cualquier momento y sin atenerse a las garantías que deben acompañar al ejercicio del derecho al sufragio. Pues lo mismo sucede con los referéndums: Han de estar previstos constitucionalmente y regulados legalmente, de acuerdo con los estándares internacionales. Y las autoridades que los convocan deben garantizar que la opinión sobre o que se pregunta pueda expresarse, a favor y en contra, con igualdad de armas, además de permanecer (ellas) neutrales respecto del asunto.

¿Por qué en el resto de España hay tantos políticos que compran el mal llamado “derecho a decidir”?

Porque se insertan dentro de lo que podríamos considerar como un populismo demagógico que creen favorable a sus intereses. El derecho a decidir no existe en ningún ordenamiento jurídico. Lo que sí está regulado es el derecho de autodeterminación, para pueblos coloniales o sojuzgados y el derecho de secesión, a separarse de un Estado originario, conforme a reglas jurídicas preestablecidas. Ni una cosa ni otra es predicable de nuestro sistema jurídico, similar en esto al del resto de los Estados miembros de la Unión Europea.

¿Es Concordia Cívica una herramienta para hacer pedagogía de la manipulación del lenguaje que usan los secesionistas?

Pretende serlo. Pretende clarificar los conceptos y proporcionar los elementos necesarios para hacer frente a tanta tergiversación, propulsada por el secesionismo y el populismo. Es necesario actuar en muchos frentes pero, especialmente, en el educativo y el de la comunicación, porque hay que llegar a todos los sectores sociales, especialmente a los más jóvenes, que son el objeto preferido, porque son el futuro, de la manipulación que ejercen los nacionalistas y los populistas.

Concordia Cívica ha sido muy activa en denunciar lo que los partidos separatistas llaman “acción exterior”. ¿Están consiguiendo apoyos internacionales para su causa?

Actuamos en todos los frentes que podemos. Por nuestra estructura y por el componente profesional de nuestros miembros, estamos ejerciendo toda acción a nuestro alcance, desde conferencias en el Parlamento Europeo, entrevistas con políticos y diplomáticos extranjeros, publicaciones en medios de comunicación y revistas académicas y profesionales extranjeras. Es necesario hacer oír nuestra voz en todos los foros, porque el secesionismo pretende hablar en nombre de Cataluña y Cataluña lo somos todos, también los que no nos hemos dejado manipular y los que queremos continuar viviendo en una sociedad en la que la democracia y el Estado de Derecho sean elementos inescindibles.

¿Qué cree que pasará el 1 de octubre, la fecha escogida por Puigdemont para su “referéndum”?

Pues depende de si lo convoca o no lo convoca. Si no lo convoca, continuaremos estando en la misma indefinición en la que ahora estamos. Si lo convoca, será automáticamente recurrido por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional y, previsiblemente, éste aceptará a trámite el recurso, con lo que automáticamente quedará suspendida la convocatoria. En ese momento, si la Generalitat pretende saltarse la decisión del Tribunal Constitucional, volveremos a estar en el escenario en el que los responsables de actos de incumplimiento serán acusados de desobediencia y podrán ser suspendidos en sus cargos o multados por ello. Si aun así, la Generalitat y/o los partidos secesionistas realizan actos tendentes a que el referéndum se celebre, tal resistencia aumentará el grado de responsabilidad penal al respecto y, si se llegan a producir actuaciones de resistencia tumultuarias, se estará frente a un delito de rebelión. Hay que hacer una llamada a la responsabilidad de las autoridades, para evitar que la fractura social que ya se ha producido, pueda generar males mayores. ¿Con qué legitimidad, estas “autoridades”, van a exigir el cumplimiento de lo que lo que ellas ordenen cuando están llamando a la desobediencia civil? ¿Con qué autoridad se van a erigir cuando lo que están haciendo es, con todos sus elementos, un genuino golpe de estado?

¿Cómo definiría la situación de los medios de comunicación de la Generalitat?

Penosa en cuanto al respeto de las garantías que debe tener la comunicación en un país democrático. No hay igualdad de armas en ellos. Los no secesionistas tienen muy poco espacio en el que poder exponer sus razones. Machacan todo el tiempo con consignas emotivas en favor del referéndum o de la independencia, cuando deberían cumplir con el objetivo de trasladar información veraz a la ciudadanía, porque la libertad de expresión es un pilar fundamental en la sociedad democrática, dirigido a la formación de la opinión pública libre.

En su universidad, la UAB, se han producido diversos incidentes hacia catalanes defensores del constitucionalismo. ¿Cómo se ha llegado tan lejos?

Primero por la irresponsabilidad de los políticos que están detrás de estas acciones. Y segundo, por la falta de actuación cívica de las autoridades universitarias, que deberían garantizar la igualdad de derechos de todas las personas que formamos la comunidad universitaria. El secesionismo ha decidido que sólo él puede ocupar el espacio público universitario y se ha erigido en único actor, que pretende representar a todos los componentes de la universidad. Si quieres contrarrestar esa acción te expones a una “represión” automática, que pueden consistir tanto en que, con la comprensión de sus cómplices “progresistas”,  esos “demócratas de salón” te insulten con los más variopintos adjetivos, no te dejen acceder a aulas y despachos porque han decretado “huelga” (cada mes y medio o dos meses estamos en ello) y tengas que saltar barricadas o acabar literalmente “ahumado”, que no tengas libertar para pasar una película o para instalar una carpa informativa, etc. etc.  La degradación moral a que se ha llegado en el ámbito universitario es tal, que todo ello puede suceder ante la indiferencia generalizada, pues no se es consciente de que ello esconde verdaderas políticas de “apartheid” sobre quienes nos hemos enfrentado intelectualmente al secesionismo que, en una segunda etapa, pueden llegar a consolidar un dominio social sobre todos quienes no comulguen con esta doctrina. Ejemplos tiene la Historia sobre tales “metodologías”.

¿Y cómo se reconquista esa universidad como espacio de democracia y debate?

Ejerciendo los derechos y exigiendo que se nos garantice que podamos hacerlo. Sobre todo porque somos nosotros quienes tenemos la razón y la ley de nuestra parte.

 

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