VOX ha presentado este martes en la Audiencia Nacional una ampliación de su querella registrada el pasado 28 de agosto contra el magistrado del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, responsable de la admisión de la demanda civil interpuesta por Puigdemont, entre otros, contra el Magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Esta ampliación de la querella va dirigida contra Gonzalo Boye, en su condición de abogado y firmante de la demanda contra Llarena formulada ante el tribunal belga, por haber cometido posibles delitos de falsedad documental (artículos 393 y 396 del Código Penal) y de estafa procesal (artículos 250.1.7 del Código Penal) y contra María Meritxell, Serret Aleu, Antoni Comín, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig, sin cuyo consentimiento expreso para la presentación de dicha traducción jurada no hubiera sido posible el uso jurídicamente inadmisible de la falsificación de la traducción de las palabras de Pablo Llarena.
En la ampliación de la querella se explica que los querellados tenían conocimiento de que la traducción jurada presentada como prueba documental para justificar su demanda ante el tribunal belga era manifiesta y palmariamente falsa, al manipular las manifestaciones de Llarena para poner en duda su imparcialidad en la instrucción de la Causa Especial seguida en el Tribunal Supremo con la clara intención de provocar la nulidad del procedimiento judicial que investiga los hechos más graves ocurridos en democracia y por extensión perjudicar directamente el crédito y los intereses del Estado español ante autoridades y gobiernos extranjeros.
Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de VOX, ha afirmado, tras presentar la ampliación de la querella, que «Ni la condición de abogado ni la de procesado por rebelión puede justificar al amparo del derecho de defensa conductas encaminadas al descrédito de Tribunales españoles. Desde VOX no lo permitiremos en ningún caso».
VOX presentó el pasado 28 de agosto en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional una querella contra el magistrado del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas responsable de la admisión de la demanda civil interpuesta en dicho Tribunal por María Meritxel, Antoni Comín, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig contra el Magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
La querella inicial de VOX atribuía al juez belga la comisión de presuntos delitos de rebelión (del artículo 472 del Código Penal), o alternativamente de sedición (de los artículos 544 y 545 del Código Penal), contra la paz e independencia del Estado español (del artículo 589 del Código Penal), de delitos de usurpación de funciones y prevaricación.
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