El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha criticado hoy las declaraciones del alcalde, Jaume Collboni, después de que calificara como “una grandísima oportunidad” la regularización masiva impulsada por el Gobierno, que afectará a cerca de 24.000 inmigrantes en la ciudad. Incluso ha manifestado que el número de beneficiarios podría ser aún mayor.
VOX recuerda que esta regularización no es una iniciativa municipal, sino una decisión del Gobierno, pero advierte de que sus consecuencias recaerán directamente sobre los ayuntamientos, especialmente en una ciudad como Barcelona, ya sometida a una fuerte presión en sus servicios públicos.
El presidente del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha sido contundente: ‘Collboni se limita a aplaudir una regularización masiva y a presentarla como una oportunidad, pero no ha ofrecido ni una sola cifra sobre el impacto real que tendrá para los barceloneses. Esta medida incrementará el gasto municipal en servicios sociales, vivienda de emergencia, atención jurídica, mediación comunitaria y sanidad básica, sin que exista una memoria económica pública que cuantifique estos costes’.
La formación denuncia que el alcalde recurre nuevamente a mensajes vacíos y a planteamientos ideológicos, evitando explicar cómo piensa financiar el incremento de gasto derivado de esta regularización en áreas que dependen en gran medida de los ayuntamientos.
VOX también alerta del impacto en el mercado laboral, señalando que esta regularización masiva aumentará la competencia en los tramos salariales más bajos, presionando los sueldos a la baja y afectando especialmente a trabajadores nacionales y residentes con menor cualificación, fomentando la precariedad y una economía de subsistencia.
Además, advierte de que este tipo de políticas consolidan el conocido ‘efecto llamada’, incentivando nuevas llegadas irregulares con la expectativa de futuras regularizaciones, ampliando y cronificando la economía sumergida.
Por todo ello, VOX exige al Ayuntamiento de Barcelona que «deje de actuar como altavoz del Gobierno, publique los datos reales sobre el coste que esta regularización tendrá para los barceloneses y asuma su responsabilidad en la defensa de los vecinos». «Barcelona no necesita aplausos al Gobierno; necesita transparencia, rigor y una gestión responsable», han añadido.
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