Hablamos Español registró el pasado mes de febrero una queja ante la Consejería de Educación Valenciana, al ser advertidos por profesores de diferentes de centros de enseñanza, sobre unas convocatorias de claustro a las que estaban siendo convocados y que tenían como objeto apoyar un manifiesto favorable a las tesis del sector hispanófobo de la Comunidad Valenciana, que ha estado trabajando intensamente durante los últimos meses para minimizar la presencia del español en las aulas.
Tal y como Hablamos Español argumentó en la queja presentada ante la consejería, los profesores no pueden ser obligados a pronunciarse sobre cuestiones que no competen al claustro, como lo es este tipo de posicionamiento ideológico. Sin embargo, una vez convocados a un claustro por la dirección del centro, tienen el deber de asistir. Por lo tanto, se les está obligando a asistir a unas reuniones de claustro contrarias a derecho.
La Consejería de Educación Valenciana ha tenido que dar por válida nuestra argumentación y nuestra fundamentación jurídica y ha procedido a atender la reclamación de Hablamos Español y a hacerla efectiva. Esta es la segunda vez que nuestra asociación consigue paralizar una convocatoria de este tipo, aunque es la primera vez que sucede en la Comunidad Valenciana; hace dos años lo conseguimos para un instituto de las Islas Baleares.
Como señaló la presidente de Hablamos Español, Gloria Lago, cuando hicimos publica la denuncia: «Es una táctica habitual del nacionalismo lingüístico inundar el tejido social, sobre todo la enseñanza. Suelen esgrimir el apoyo de colectivos, aunque todo sabemos que, para ello, se valen de la presión y a veces incluso de la coacción.»
Desde Hablamos Español nos felicitamos por este logro. Afortunadamente hay profesores que no comulgan con la exclusión del español de la enseñanza y nos advierten para que actuemos. Habitualmente hacemos públicos los casos de familias con niños hispanohablantes afectados por la exclusión del español en la escuela, pero poco trasciende la situación de tantos profesores favorables, como nosotros, a la enseñanza en lengua materna, a la libertad de elección de lengua y a una escuela libre de adoctrinamiento nacionalista.
Estos profesores tienen que ver, día a día, como se intenta cambiar la lengua de sus alumnos y cómo se les presiona a ellos también, cómo se les arrincona, y a veces, incluso, cómo se les castiga por oponerse al discurso hispanófobo, cada vez más generalizado en la enseñanza en la comunidades con lengua regional. Queremos que sepan que no están solos y que, al menos, no van a tener que soportar este tipo de reuniones de claustro, ya que hemos demostrado que nuestra fundamentación jurídica para anularlas es efectiva.
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