El conseller de Empresa, Santi Vila, es visto como la esperanza blanca de los que desean que el secesionismo conservador vuelva a la senda del respeto a la Ley, y es considerado “moderado” y alguien con el que se puede llegar a acuerdos. Pero este “moderado” ha incitado en una entrevista en Catalunya Ràdio a participar en la consulta ilegal del uno de octubre, lo que supone incitar a incumplir la Constitución y el marco legal de una nación democrática como España, país miembro del club de democracias más selecto del mundo, la Unión Europea.
Vila dijo que cuando “las instituciones reciben un impacto en forma de agresión tan bestia” como el que en estos momentos “parece que tenemos sobre la mesa, sólo queda que la ciudadanía tome la palabra” y ejerza la soberanía “como buenos ciudadanos”, participando en el ‘referéndum’ del 1 de octubre. Este es el mensaje que la esperanza “moderada” del PDeCAT lanza a los catalanes, el incitarles a incumplir las leyes.
Parece claro que ningún miembro del Gobierno de Carles Puigdemont, ni Santi Vila ni ningún otro, está capacitado para actuar como puente para bajar la tensión e intentar reconducir la situación política cuando todos ellos se han comprometido con la consulta ilegal.
Y es que el conseller de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo catalán “en pleno” firmará el decreto de convocatoria del referéndum de independencia del 1 de octubre, pues “será un honor” para todos ellos.
Si todos los consejeros de Puigdemont deciden participar en una violación de tal calibre a la Constitución, será difícil que puedan ser los que negocien algún tipo de acuerdo en el futuro, porque todo pasa por el respeto a la Ley. Ley que todos ellos habrán transgredido al convocar el “referéndum” violando el cuerpo jurídico de una nación democrática como España. Otros actores deberán entrar en juego para intentar restañar las heridas que el secesionismo ha creado.
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