El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha dirigido a sus «compatriotas» en el primer mensaje institucional de fin de año que realiza como presidente del gobierno autonómico catalán.
Torra, que escribió antes de ser presidente de la Generalitat diversos artículos y mensajes en los que despreciaba a los catalanes castellanoparlantes, ha apelado durante su mensaje a la «unidad de los demócratas» para conseguir en el 2019 «el mandato democrático de libertad».
También ha exigido al Gobierno central «voluntad de encarar un diálogo creíble, sincero y valiente» que posibilite «una solución democrática y política».
Ha insistido en el falso mantra secesionista del «consenso social» del «ochenta por ciento de los catalanes» que «somos y nos sentimos republicanos», que «no aceptamos la represión penal para resolver cuestiones políticas y democráticas» y que «queremos ejercer nuestro derecho a la autodeterminación».
Torra comenzó su discurso asegurando que «estos días también tenemos bien presente a aquellos que sufren la injusticia, que están en prisión por defender mandatos democráticos de su pueblo o se han tenido que exiliar lejos de casa y que no pueden pasar las fiestas con sus familias y amigos».
«Su exilio y su prisión son nuestro exilio y nuestra prisión. Su libertad será nuestra libertad».
Ha llevado, como es habitual en él, el lazo amarillo que sirve a los secesionistas para acusar a España de ser un país no democrático en el que hay «presos políticos», y que es un símbolo ofensivo para millones de catalanes que no son secesionistas.
Torra se ha dirigido solo a los catalanes secesionistas que consideran que dichos dirigentes son «políticos presos» y ha despreciado a los catalanes que piensan que España es un país democrático en el que se encarcela por delitos, no por ideas.
Torra también ha dicho que el año 2019 «ha de servir para realizar el mandato democrático de libertad, para sublevarse ante la injusticia y para hacer caer los muros de la opresión».
Y ha anunciado que el gobierno autonómico pondrá en marcha la tramitación legislativa para dar efectividad a las leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional en los últimos años.
[campana]
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