¿Cómo valora la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de España?
El artículo 155 de la Constitución Española es una cláusula de “coerción federal” que existe en todos los países fuertemente descentralizados (Estados Unidos, Alemania, Austria, Italia….). Permite hacer efectivo el orden constitucional frente a actitudes rebeldes para asegurar la efectividad de las leyes y la normalidad institucional. Por ello, cuando, en un caso como el que nos ocupa, un Gobierno realiza actos (no sólo declaraciones) contrarios a la Constitución y el Estatuto de Autonomía, cuando un Parlamento secuestra a su antojo la voluntad popular y aprueba leyes sin respetar el procedimiento ni los derechos de los parlamentarios y cuando las decisiones se toman no sólo por los responsables institucionales, sino en reuniones en las que toman parte los responsables de una agitación callejera de tinte insurreccional, el Gobierno constitucional, legítima y legalmente, puede utilizar los recursos que el ordenamiento jurídico le proporciona para restablecer la legalidad y la democracia. Hay que valorar muy positivamente que ello se esté haciendo con el acuerdo y la cooperación de los grandes partidos del arco constitucional, es decir, del PSOE y de Ciudadanos, porque ello refuerza la legitimidad que, como instrumento de defensa de la democracia y la ley, tiene el art. 155 CE.
¿Se ha seguido el procedimiento adecuado?
El propio artículo 155 de la Constitución marca las líneas generales del procedimiento a seguir: requerimiento previo del Gobierno al Presidente de la Comunidad Autónoma que, al no ser debidamente respondido, deriva en el Acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contienen las medidas a proponer al Senado, que es quien tiene que autorizarlas por mayoría absoluta. El procedimiento en el Senado se regula por el reglamento de esta cámara; la Mesa toma conocimiento y ordena el procedimiento interno a seguir; se formará una Comisión que volverá a requerir al Presidente de la Generalitat y seguramente le dará un plazo para que pueda responder y, finalmente, se convocará el pleno para tomar la decisión final. El partido del Gobierno, el PP, tiene mayoría absoluta en el Senado, pero como he repetido en numerosas ocasiones, para reforzar la legitimidad de la decisión es muy conveniente que el PSOE y Ciudadanos voten también a favor. Uno se puede preguntar, ¿y mientras tanto, qué? Durante los días que quedan para que el Senado autorice las medidas, qué se puede hacer si, por ejemplo, el Gobierno de la Generalitat y sus fuerzas políticas o sociales de apoyo, se rebelan contra la decisión? Pues aplicar el Código Penal y el resto del ordenamiento jurídico. El orden jurídico es único y no existen “vacíos”. Hay que interpretarlo “de conjunto”, según los hechos que vayan aconteciendo y con toda la prudencia. Pero ahí está. Con “finura de cirujano”, la Constitución y la ley tienen todas las previsiones para garantizar la democracia. No se suspende con ello la autonomía, precisamente se comienza a recuperar aquella autonomía que la mayoría parlamentaria que no tiene la mayoría social y el Gobierno que no representa a toda la ciudadanía sino sólo a los secesionistas, han ido minando y destruyendo a lo largo de los años.
Teresa Freixes es catedrática de Derecho Constitucional y presidenta de Concordia Cívica
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