El pasado día 13 me sonrojé viendo la patética escenificación del rifirrafe entre dos ministras, una, portavoz del Gobierno, y la otra, vicepresidenta y ministra del Trabajo. La una manifestaba que no era cierto que el Gobierno no hubiera debatido la aprobación de la subida del SMI, a sabiendas de que tal subida iba a incrementar la caja de Hacienda, y la otra trataba de convertirse en figura de cera, escamoteando que la tributación de los beneficiados por la subida del SMI era algo que aparecía en el grupo de estudios del Ministerio de Trabajo y que la cantidad de la subida acordada obligaba a los beneficiarios a convertirse en contribuyentes, es decir, a que Hacienda rapiñara un sustancioso porcentaje de la subida y de su renta.
Lo que me parece más chocante y repudiable del rifirrafe escenificado por las ministras no es que la maniobra de Hacienda para hacer negocio estuviera detrás de la idea de la subida del SMI, con el conocimiento de la ministra de Trabajo, por mucho que se hiciera la sueca, sino que en ningún momento nadie comentara lo que económica y socialmente significa que tres millones de trabajadores vivan con el salario mínimo y que, por otro lado, el salario medio venga bajando desde hace años.
La realidad es que el salario medio en España converge cada vez más con el SMI -hecho incontestable del empobrecimiento general-; el salario mínimo en Europa se entiende que es aproximadamente el 60 por ciento del salario medio; en España, la creciente convergencia entre ambos explica el empobrecimiento de la sociedad española y el porcentaje extremo (cerca del 27 %) de la población próxima al umbral de la pobreza. El salario medio ha crecido cuatro veces menos que el SMI, que ya es el sueldo más común. Es esa mayoría social en la que Hacienda posee su mayor filón extractivo.
A bote pronto, bajo la impresión del espectáculo de las ministras, me he puesto a comentar brevemente el asunto. Hablamos del eje de la política económica y social en España, es decir, de la tributación o fiscalidad –cuestión crucial- como expresión de una voracidad confiscatoria, obligada en buena medida por el pago de intereses del desbocado endeudamiento público y por el dispendio político, incluyendo ciertas políticas sociales. El «negocio» ad libitum, sin control, del Estado, -la primera empresa española a años luz de las demás, la más sobredimensionada y la peor gestionada- se explica por la carencia de organismos institucionales y mecanismos efectivos de control -okupados de parte o desvanecidos- y sin los filtros de fiscalización y control propios de las demás empresas, como son las asambleas de accionistas, consejos de administración, auditorías, etc.
Ni siquiera existe un control parlamentario, pues los socios parlamentarios del gobierno son minorías que no tienen ningún objetivo coincidente con el interés general o nacional: tan solo les interesa la parte del pastel público que pueden arrancar para sus construcciones nacionalistas o plurinacionales. Toda la polémica sobre la subida del SMI podía haberse evitado con tan solo deflactar el IRPF para compensar la inflación de los precios, lo que para los trabajadores hubiera sido más ventajoso que una subida efectiva de 30 euros al mes. Pero, no, se trataba de hacer caja.
Todas las obras «benefactoras» del Gobierno se sirven del truco del almendruco: aumentan el negocio estatal a costa del empobrecimiento social, encubierto por la demagogia populista de “políticas sociales”. Políticas que generan en la sociedad afectada una dependencia directa e indisoluble del poder político. Hablar del “Estado social” es una pura filfa cuando se conocen las cifras de gasto «político», no social, rayano ya en los 100.000 millones de euros anuales, y de su conexión con el endeudamiento público (somos más pobres y estamos más endeudados). La secuencia es un calco de la política fiscal del gobierno griego en los primeros años de este siglo, con los dramáticos resultados que recordaréis.
La política económica y social se ha convertido en simple materia prima de un ininterrumpido discurso demagógico y populista, que por momentos recuerda mucho al peronismo. El discurso triunfalista y “progresista” del Gobierno oculta una brutal regresión: Las cifras del poder adquisitivo real nos retrotraen a 2006 e incluso a los años 70 del siglo pasado. La ministra de Trabajo, que tanto me recuerda a Solís, «la sonrisa» del régimen franquista, comparece, además, escoltada por los jefes de los sindicatos, que en cuanto a su financiación por la empresa estatal son homologables a los sindicatos verticales del franquismo. La última hazaña conocida de estos es haber convocado manifestaciones contra la oposición.
La demagogia peronista fluye sin cesar. Si políticos en el poder y sindicatos asociados hablan de aumento de número de afiliaciones, encubren que las afiliaciones a la S. S. no se corresponden con el número de afiliados, pues 900.000 afiliados multiplican sus afiliaciones por el hecho de practicar el pluriempleo en niveles de hace décadas. Las ayudas a los autónomos y tantas otras ayudas (créditos) de la pandemia se han de devolver ahora con el IRPF correspondiente. O lo devuelven o se lo confiscan. Desde entonces, han cerrado 50.000 pequeñas empresas, muchas veces, microempresas. Es un etcétera de fraudes retóricos sin fin, que circula sobre el subsuelo de las históricas ganancias de los bancos, eléctricas y energéticas y otras industrias asociadas a la Agenda 20/30.
Al amparo de su concepto de justicia fiscal y de demagógico progresismo, falsean las estadísticas reales de parados -ya sabéis, meten en los cómputos de ocupados a los fijos discontinuos, a los que reciben cursos de formación y beneficiarios de determinadas pensiones…-, a la vez que ocultan que la manera de compensar la escasez de nuevos empleos en la economía productiva es el aumento incesante de empleados públicos (muchas veces, clientelas políticas). Silencian que la productividad no sube, un dato determinante para la evolución de la economía y el empleo que abre la posibilidad de bajar el número de horas trabajadas, sin tener las indeseables consecuencias del pluriempleo, el paro juvenil o el incremento de la economía sumergida.
Quizá, lo más chirriante y terrible de todo sea el concepto y ejercicio del uso patrimonial de la Hacienda Pública por parte del poder político y la asociación cada vez mayor de Estado/Partido. Como prueba de la sobrecogedora ausencia del sentido redistributivo y equitativo del Estado, ahí está la nueva y definitiva vuelta de tuerca que se produjo con la DANA de Valencia. Hubo una auténtica quiebra (o desaparición) institucional del Estado: cuando necesitéis ayuda, venís y me la pedís. Sangrante, definitivo. Y si falló clamorosamente la institución autonómica, las instituciones estatales nacionales lanzaron verdadera dinamita contra la soberanía fiscal de la ciudadanía y la idea de justicia y fiscalidad redistributiva. Aún hoy, la CHCJ no ha asumido responsabilidades por no enviar las alarmas establecidas en el protocolo de emergencias, durante las dos horas en que sobrevino la hecatombe del barranco del Poyo -estaban sólo atentos al riesgo que corría la presa de la Forata- ni tampoco la AEMET ha tenido a bien aclarar el mensaje «No vamos a marearos con más avisos», que envió a la Generalitat valenciana el 29 de octubre, a las 12,05 h.
Todavía a estas alturas la Generalitat valenciana está trasladando al Gobierno las solicitudes de asociaciones y consorcios para que el Gobierno elimine los intereses de los préstamos ICO, acordados para las empresas afectadas por la Dana y se aceleren los pagos pendientes. Asociaciones como Confecomerç o Fepeval (áreas industriales) «llevan semanas pidiendo que se agilicen los pagos porque de lo contrario muchas empresas corren el riesgo de desaparecer».
Todo lo dicho es una mera introducción y breve glosa del asunto principal, lo que entiende la ministra portavoz por «justicia fiscal» y su atrevida presunción de que la exacción tributaria va encaminada a la mejora de la educación, la sanidad y demás servicios públicos básicos. Falso. Año tras año, los presupuestos dedicados a educación y sanidad apenas suben, al menos en términos comparativos con otras partidas. Puede encontrarse información veraz en cualquier fuente. Algunos ejemplos:
“El Gobierno de Pedro Sánchez ha situado a España en el cuarto lugar de los países de la eurozona con menor gasto en educación en términos relativos y, además, ha rebajado la inversión en sanidad en 2024. Por un lado, la última estadística de Eurostat muestra como el Ejecutivo sólo dedica un 4,4% del Producto Interior Bruto (PIB) en cuestiones educativas. Por otro, el informe Evolución y Análisis del Sector Sanitario en la Licitación Pública, realizado por DoubleTrade muestra que el Estado invierte un 12% menos en el sector sanitario en comparación con el año pasado.
El gasto en educación y sanidad pierde peso en España: Alemania y Francia invierten más :
“El gasto en educación y sanidad pierde peso en España: Alemania y Francia invierten más. En relación con la economía del país, el gasto en sanidad ha bajado tres décimas, al 6,9% del PIB; mientras que la inversión en educación se ha reducido dos décimas, hasta el 4,4%”
En realidad, el peso de la subida ha corrido a cargo de las CC.AA. Gasto por CCAA, 2015-2022 (FEDEA). Todas las comunidades han aumentado su gasto total en términos reales -ajustando por la inflación acumulada en el periodo-, siendo el crecimiento conjunto de un 14,8%.
Gasto en sanidad. Todas las regiones lo han aumentado en términos reales, sumando una tasa de variación de 21,2% en siete años. Las comunidades con un mayor aumento de este tipo de gastos han sido Canarias (29,5%), Cataluña (28,8%) y Andalucía (26,9%).
Gasto en educación. El conjunto de comunidades ha aumentado su gasto en educación en un 12,6% de media. Destacan los datos registrados en Navarra (26,2%) y Canarias (19,0%).
Me pregunto: ¿Cuántos cientos o miles de plazas de la especialidad de Medicina de Familia se quedan sin cubrir por no ampliar el Gobierno la oferta de plazas MIR? Igual que se cargaron el sistema educativo con la LOGSE (ahí están índices de fracaso escolar, etc., etc.), muestran ahora un empeño similar en degradar la profesión médica en la sanidad pública.
Es decir, la «justicia fiscal» sobre la que sermoneaba la ministra portavoz es una zafia falsedad, una falsedad tan cierta como que las ayudas a los damnificados por el terremoto de Lorca no se completaron hasta más de 13 años después y tan cierta como que aún no se han tramitado los recursos prometidos a los damnificados por el volcán de la Palma, la DANA de Valencia… o a los enfermos de ELA, conforme a la ley ya aprobada. En cuanto a los enfermos de ELA, la realidad es esta: «Desde el pasado octubre, calculan que han fallecido 312 personas esperando estas ayudas» (…) «El exjugador de baloncesto Urbano González denuncia que ‘pacientes piden la eutanasia por no poder pagar un cuidador'». (El Español, 11 febrero). En paralelo, sucede lo mismo con la aplicación de la Ley de dependencia, que no es una competencia exclusiva de las CC.AA. Las tres fuentes esenciales de financiación de la Ley de Dependencia son la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los beneficiarios de la Ley.
Si las partidas dedicadas a la sanidad y educación apenas han subido en los presupuestos del Estado, en cambio sí se ha disparado como un cohete el gasto político. Dejemos ahora a un lado la inflación de ministerios, cargos y asesores (más de 400 en Moncloa), observatorios, subvenciones a sindicatos y sociedades partidarias, incremento geométrico de empleados públicos… y, en general, la densa galaxia de entes y chiringuitos públicos/políticos/ideológicos, vinculados unos a la partitocracia y otros, a la ideología woke y el cambio climático.
Por ejemplo, ¿cuántos miles de millones de euros ha costado intervenir en Indra, Telefónica por intereses exclusivamente políticos, reflotar empresas públicas, en crisis o quiebra, gestionadas por amiguetes (v. g., Correos), en sacar del hoyo a empresas privadas próximas a la trama del poder como las compañías aéreas Plus Ultra o Air Europa, en financiar el régimen nacionalista vasco (el «privilegio» vasco), en pagar la deuda de los nacionalistas catalanes y montarles un sistema de concierto parecido al vasco, en amnistiar la desviación y malversación de fondos públicos, en regar con fondos públicos medios y prensa afines (aunque, ya sabemos, el dinero no es de nadie, Calvo dixit), en el gigantesco aparato de propaganda en que han convertido RTVE, en los sumideros de la corrupción institucional (por mucho que el TC amnistíe a los responsables del sumidero de los ERE y la FAFFE, no por ello deja de haberse producido un generalizado latrocinio delictivo de la cleptocracia partidaria)… y, en fin, en financiar el timo de la Agenda 2030 y la costosísima agenda progre, cuyo liderazgo Sánchez quiere ejercer a nivel global.
Conclusión: soportamos y financiamos una verdadera trama internacional de autócratas cleptómanos.
La lista de agujeros por los que se va lo que aportamos como contribuyentes (tantas veces, obligados y nada convencidos) puede ser interminable, pero nos vamos a detener en algunos datos significativos del coste de esta pretensión de liderazgo internacional de las izquierdas woke y multiculturalista y de manipulación de la opinión pública. Entresaco los que siguen:
Subvenciones a dedo: Sánchez destina 300 millones a países extranjeros con Marruecos a la cabeza
El Gobierno riega con 100 millones en subvenciones a multitud de organizaciones latinoamericanas
Los sindicatos recibieron 17 millones de euros en subvenciones del ministerio de trabajo en 2023
El cine español recibe en subvenciones el doble de lo que recauda en taquilla
El Gobierno de España aprueba el mayor gasto en publicidad institucional de los últimos 18 años
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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