La izquierda más beligerante ha vuelto a poner en su diana al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. El eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, ha formalizado una denuncia penal ante la Fiscalía por la gestión del macrodesalojo del antiguo instituto B9. Este movimiento judicial busca castigar la firmeza del popular a la hora de pedir respeto a las leyes en una ciudad marcada por los problemas de okupación.
La denuncia presentada señala cuatro frentes penales contra el edil: odio, prevaricación, desobediencia y denegación de servicio público. Para Asens, la actuación municipal no solo ha sido arbitraria, sino que ha buscado discriminar activamente a los afectados. Se trata de un nuevo intento de los Comunes por judicializar la política local tras sus sucesivos fracasos electorales en Badalona.
El eje del conflicto reside en la supuesta desobediencia a las condiciones impuestas por el juez para el desalojo. Según el escrito de los Comunes, la justicia obligaba a garantizar una alternativa habitacional siguiendo el protocolo de personas sin techo.
Asens argumenta que el desalojo estaba «expresamente condicionado» a la protección de los individuos que allí residían y sostiene que el alcalde ha incurrido en una prevaricación administrativa flagrante. Es la narrativa habitual de una izquierda que prioriza el derecho de los ocupantes sobre el de la propiedad pública o privada.
Resulta llamativo que un eurodiputado dedique sus esfuerzos a denunciar la gestión de una administración local que cuenta con un amplísimo respaldo ciudadano. Este activismo judicial parece responder más a una estrategia de desgaste político que a una verdadera preocupación social. La judicialización de la gestión municipal es ya una herramienta recurrente para la oposición en Badalona.
Albiol, por su parte, sigue defendiendo que los recursos públicos no pueden ser un incentivo para quienes se saltan las normas de convivencia. Esta política de «tolerancia cero» es precisamente lo que le otorgó la mayoría absoluta en los pasados comicios. Mientras tanto, la Fiscalía de Delitos de Odio deberá decidir si la firmeza política encaja en los tipos penales denunciados.
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