A raíz de la denuncia presentada por familias del Instituto de Educación Secundaria “El Morell” de El Morell (Tarragona) y la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) ha abierto procedimientos sancionadores contra la Universidad de Lérida y siete institutos de educación secundaria catalanes por la realización de una encuesta en la que se preguntaba a alumnos de 2º, 3º y 4º de la ESO sobre cuestiones relativas a su identidad, ideología y creencias religiosas.
La Autoritat Catalana de Protecció de Dades inicia expediente sancionador al Departamento de “Lengua y educación “de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Lérida por la posible comisión de cinco infracciones.
Las infracciones son las siguientes: Recogida desleal de datos entre los cuales se encontraban datos de categorías especiales; no hacer efectivo el derecho de información en la recogida de datos; no haber efectuado un análisis de riesgos; no haber efectuado una evaluación del impacto relativa a la protección de datos y no haber permitido la participación de la figura del delegado de protección de datos en un proyecto tan “controvertido”.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) denunció que durante el año 2019 alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO de diez institutos catalanes habían participado en el estudio “Aculturación y aculturación lingüística de los descendientes de migrantes. Retos y potenciales para el aprendizaje lingüístico e inclusión lingüística y socioeducativa”.
Sin previa autorización de sus padres, los alumnos -muchos de ellos de 13 y 14 años- fueron preguntados si sentían catalanes o españoles, independentistas o no independentistas, si se identificaban más con la cultura catalana o española, e incluso sobre el grado de integración en el caso de sus compañeros, alumnos de origen marroquí, latinoamericano o rumano. Al recabar datos de carácter ideológico el consentimiento de los alumnos, menores de edad, no es suficiente para proceder a su tratamiento.
La encuesta, además, no tuvo carácter voluntario. Los alumnos difícilmente se podían negar dado que quienes solicitaban el consentimiento para su realización eran los profesores de los institutos. En el INS “El Morell” a los menores que protestaron, se les impidió incluso la salida al patio hasta que la hubieran finalizado.
El cuestionario no tuvo las garantías de anonimato. La encuesta y la autorización del alumno a la cesión de sus datos formaban parte del mismo documento (se imprimieron a doble cara y numeradas). Tampoco se garantizó el tratamiento adecuado de los datos antes, durante y con posterioridad a la realización de la encuesta.
La APDCAT ha abierto también a los responsables de 7 de los 10 Institutos que participaron en la encuesta. En concreto los centros investigados son: INS EDUARD FONSERÉ (HOSPITALET DE LLOBREGAT) ; INS NUMÀNCIA (STA. COLOMA DE GRAMENET); INS INTERMUNICIPAL (SANT SADURNI D’ANOIA); INS PABLO PICASSO (BARCELONA); INS ERMESENDA (GIRONA); INS TERRA ROJA (STA COLOMA DE GRAMENET); e INS EL MORELL (EL MORELL)
Los responsables de los Centros educativos facilitaron un listado con los datos personales de todos los alumnos de los cursos afectados con anterioridad a la elaboración del cuestionario. Para la Autoridad Catalana de Protección de Datos este hecho supone la posible vulneración del del principio de minimización de los datos, ya que se proporcionaron al Grupo de Investigación de la Universidad de Lérida datos de todos los alumnos de manera innecesaria.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) considera «acertada» la resolución de la APDCAT y advierte sobre «la gravedad de los hechos objeto de los procedimientos. La actuación de la Universidad de Lérida y de los citados institutos conculca los derechos a la libertad ideológica y a la intimidad de los alumnos menores de edad y traspasa todas las líneas rojas en materia de protección de datos».
«No se puede obviar que la realización de este sectario y tendencioso cuestionario fue posible gracias a la autorización del Departament d’Educació, los Servicios Territoriales de Educación, directores de centro y profesores. Todos ellos, a pesar de tener conocimiento de la encuesta y de su contenido, no impidieron ni denunciaron su realización. El resultado final es que el trabajo de investigación ha quedado invalidado por el deficiente procedimiento de recogida de datos», añade la AEB.
Y aseguran que «la perseverancia de las familias del INS El Morell que denunciaron públicamente la encuesta hizo posible la paralización del estudio. No consta que el Departament d’Educació haya abierto hasta la fecha ninguna investigación para depurar responsabilidades sobre lo sucedido ni que tampoco haya dirigido disculpa alguna a las familias afectadas. Tampoco el Sindic de Greuges de Cataluña, tan celoso en otras ocasiones, ha actuado de oficio ante la vulneración de derechos fundamentales de los menores».
No consta tampoco que las AMPAS de los centros implicados en el estudio fueran alertadas ni informadas de lo sucedido por la Administración educativa, si en cambio lo hizo la AEB.
La AEB anima a los padres a «seguir el ejemplo de las familias del INS El Morell y exigir una educación de calidad, libre de adoctrinamiento y que respete la diversidad lingüística y cultural. Esta actitud comprometida es la que podrá conseguir un cambio real en la escuela en Cataluña».
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