Pedro Sánchez, como casi todos sus antecesores en la presidencia del Gobierno, se ha dedicado a debilitar la presencia del Estado en las regiones que controlan los nacionalismos periféricos. En octubre de 2017 los españoles pudimos parar la asonada de ERC, Junts y la CUP, pero la siguiente, sobre todo si se hace de manera conjunta con otros partidos secesionistas de otras regiones, no será tan fácil de impedir.
Y no lo será si seguimos quitando competencias a la Administración General del Estado para entregarlas a administraciones que son absolutamente desleales con el sistema democrático español. El secretario general del PSOE está destrozando cualquier posible respuesta ante los embates de los radicales que quieren acabar con nuestro país.
El líder del PSOE ha puesto la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas al servicio de los secesionistas. Por no hablar de la eliminación del delito de sedición y el deseo de descafeinar el de malversación. O la barra libre para eliminar el español como lengua de uso social, escolar e institucional en Cataluña o en el País Vasco, de momento, y en otras comunidades en el futuro según vayan los resultados electorales.
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