Ayer, el Congreso de los Diputados asestó un duro golpe al Gobierno de Pedro Sánchez al rechazar el decreto ley destinado a reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del pasado abril. Con 183 votos en contra frente a 165 a favor, la derrota no solo deja en evidencia la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, sino que pone en cuestión su capacidad de gestión en uno de los sectores más sensibles para la ciudadanía.
Lo más significativo fue la rebelión de antiguos aliados. Podemos, Junts y el BNG votaron junto a PP y Vox para tumbar el texto. Desde el partido morado se acusó al Gobierno de actuar como «protector del oligopolio eléctrico», criticando la ausencia de medidas sancionadoras reales contra las grandes compañías del sector. Una postura que evidencia la creciente distancia entre los socios de investidura y el PSOE, incapaz de tejer consensos ni siquiera entre los suyos.
El Partido Popular y Vox aprovecharon el contexto para cuestionar la legitimidad política del Ejecutivo, al que acusan de haber respondido tarde y mal al apagón del 28 de abril. Mientras tanto, Junts justificó su rechazo por la falta de avances en compromisos clave como la ejecución de la amnistía, mostrando que la paciencia con Moncloa se agota también en el bloque independentista.
La defensa del decreto por parte del Gobierno se basó en su carácter técnico y preventivo, con medidas consensuadas con expertos y organizaciones del sector. Pero la oposición no compró ese argumento: la falta de voluntad de imponer controles y penalizaciones a las eléctricas fue vista como un síntoma de complacencia, no de responsabilidad.
Desde la izquierda, el discurso se volvió especialmente duro. Ione Belarra acusó al presidente Sánchez de «irresponsable» y de vivir de espaldas a la calle, mientras más de 200 colectivos sociales pedían explícitamente el rechazo del decreto. El mensaje es claro: si el PSOE pretende liderar la agenda social, no puede seguir legislando como si tuviera mayoría absoluta.
Pese a la contundente derrota, el Gobierno intentó minimizar su alcance. Desde Uruguay, Sánchez restó importancia a lo ocurrido afirmando que «de siete decretos hemos sacado seis», una declaración que no solo suena a autoengaño, sino que refuerza la percepción de un Ejecutivo desconectado de la realidad parlamentaria y social.
El futuro inmediato es incierto. Moncloa ha anunciado que reintentará aprobar el decreto en otoño, pero el ambiente en el Congreso apunta a un desgaste irreversible. Si el PSOE no replantea su relación con sus socios el desgaste convertirá a Sánchez en un presidente que ignora la soberanía popular que reside en las Cortes.
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