Ahora que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pretenden vaciar de competencias a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en Cataluña, hay que recordar uno de los episodios más oscuros del ‘procés’: el 26 de octubre de 2017 los Mossos d’Esquadra intentaron destruir las pruebas que demostraban que habían espiado a políticos, periodistas y activistas de la sociedad civil contrarias al golpe de Estado del 1 de octubre.
Ese día una furgoneta de los Mossos, sin logos, se dirigió a la incineradora de Sant Adrià de Besós, una localidad colindante con Barcelona. En su interior había treinta y seis cajas con documentación de la ‘Comisaría de Información’ de la policía autonómica. Seguimientos, escuchas, fotografías y todo tipo de información: esto es lo que la cúpula de los Mossos quisieron incinerar.
Por suerte, en la entrada de la incineradora había una dotación de la Policía Nacional que les impidió que pudieran entrar sin problemas y quemar todos los documentos. Los habían pillado y no podían escurrir el bulto. Ante la situación los Mossos exigieron una orden judicial, la Policía Nacional la consiguió y entonces entregaron los documentos.
Al final, un año y medio después, en lo que algunos interpretaron como una sentencia de enjuague para evitar más agitación secesionista, el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona archivó el caso asegurando que el material fruto del espionaje fue conseguido «legalmente». Pero esta es la policía a la que Pedro Sánchez quiere entregar el control de puertos y aeropuertos, a una policía política que espió a ciudadanos contrarios al ‘procés’.
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