Pedro Sánchez ha vuelto a convertir el Palacio de la Moncloa en una oficina de concesiones para el nacionalismo vasco. El lehendakari, Imanol Pradales, ha salido de su reunión este viernes con el presidente luciendo un botín de transferencias que debilita la cohesión del Estado. Entre los acuerdos alcanzados, destaca la creación de un órgano bilateral para la cogestión de los aeropuertos vascos.
Esta decisión supone que el Gobierno central renuncia a su competencia exclusiva en infraestructuras estratégicas para contentar a sus socios, y adelanta lo que puede ocurrir con el aeropuerto barcelonés de El Prat, una de la grandes peticiones del separatismo catalán. Pradales ha celebrado que ahora el Ejecutivo autonómico tendrá ‘voz y voto’ en decisiones que hasta hoy eran de interés general.
Es un nuevo paso en la hoja de ruta ‘secesionista’ que el PSOE permite a cambio de votos en el Congreso. La creación de este organismo afectará directamente a las instalaciones de Bilbao, Hondarribia y Foronda. Bajo el pretexto de la ‘colaboración’, se esconde una cesión de soberanía que fragmenta la gestión aeroportuaria nacional.
No se trata solo de aviones; el paquete de cesiones incluye otros seis acuerdos en materias sensibles. Desde la seguridad privada hasta el tráfico y las inspecciones pesqueras, el Estado sigue batiéndose en retirada en el País Vasco. Pradales ha aprovechado la debilidad de Sánchez. El acuerdo en materia de seguridad pública es especialmente preocupante por la falta de transparencia en su aplicación.
Mientras el Gobierno de Sánchez vende estos pactos como normalidad institucional, la realidad es una transferencia constante de poder hacia las élites locales. La igualdad entre españoles vuelve a ser la moneda de cambio en las negociaciones de la Moncloa. Este vaciamiento de las funciones del Estado es el peaje que todos los ciudadanos pagan por el alquiler del poder de Sánchez.
Para el PSOE, cualquier precio es aceptable si sirve para evitar una convocatoria electoral que los castigue. Curiosamente, este tipo de privilegios nunca llegan a regiones que no amenazan con la ruptura o el bloqueo. El modelo de ‘cogestión’ es solo un eufemismo para camuflar la pérdida de control del Ministerio de Transportes.
El lehendakari Pradales sabe que tiene a un presidente contra las cuerdas y no piensa desaprovechar la oportunidad. Cada reunión bilateral es un nuevo jirón en el tejido constitucional que sostiene al país. En definitiva, España asiste a una subasta de competencias donde el mejor postor es siempre el que menos cree en el proyecto común.
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