En tiempos de Ábalos, Koldo y Cerdán, censura digital. Este es el nuevo proyecto del socialista Salvador Illa: censurar mensajes en las redes sociales con la excusa del «discurso de odio». Y es que Cataluña se prepara para desplegar un sistema de vigilancia del discurso en el entorno digital. La Generalitat de Salvador Illa ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez – acosado por sus múltiples casos de corrupción – para la detección y seguimiento de mensajes considerados de odio online.
Este paso supone una notable ampliación de las capacidades de control administrativo sobre el contenido en Internet. El acuerdo se ha formalizado a través de un convenio con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). La Generalitat se ha comprometido a gestionar y tramitar las denuncias administrativas que surjan de este rastreo. El objetivo declarado es evitar que estos posibles «delitos de odio» queden impunes: la realidad será una persecución de aquellos perfiles que el Govern de Illa considere ‘incómodos’.
La herramienta clave de esta operación de monitorización es la aplicación ALERTODIO. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno acosado por la corrupción de Pedro Sánchez cede este software al ejecutivo catalán. Su función es registrar y analizar sistemáticamente contenidos racistas, xenófobos o discriminatorios.
El sistema se basa en la monitorización constante de las redes sociales. Utiliza palabras clave para identificar y rastrear mensajes. El enfoque se centra en el seguimiento online de los discursos para crear una base de datos de actividad digital. El acuerdo fue rubricado en el Palau de Pedralbes por el president de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra Elma Saiz Delgado. La Generalitat subraya que este es el primer convenio de esta naturaleza firmado con el Gobierno central, lo que lo convierte en un hito «pionero».
La ministra Saiz destacó que la herramienta ALERTODIO ya ha detectado un volumen considerable de mensajes. Mencionó la cifra de 52.000 mensajes de odio identificados en todo el Estado, con 35.000 de ellos en el último mes. Estos datos justifican, según el Gobierno, la necesidad de la vigilancia.
Cataluña verá reforzada su capacidad de generar datos propios sobre el fenómeno. La Generalitat podrá analizar el discurso digital y así identificar los mensajes que el PSC considere ‘inadecuados’. Y a través de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación, se buscará identificar a aquellos que puedan estar cometiendo delitos penales. También se vigilarán los que puedan conllevar únicamente sanciones administrativas, elevando el nivel de vigilancia gubernamental sobre la expresión digital.
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