Este martes, los que tratan de seguir arrinconando al castellano en las escuelas catalanas han sufrido un nuevo revolcón judicial. El TSJC aprueba la reclamación de tres familias para que los centros den una clase más en castellano.
Los tribunales insisten en que el modelo lingüístico establecido en la nueva normativa de Educación —el decreto ley 6/22 y la ley 8/22— «es inconstitucional por oposición al modelo de conjunción lingüística» en vigor en España.
El fallo judicial da la razón a tres familias para que centros educativos catalanes apliquen más castellano: «Además de la asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de lengua castellana, otra área, materia o asignatura no lingüística curricular que se considere como troncal o análoga«. O lo que es lo mismo, se ha de aplicar la sentencia del TSJC que exige que al menos el 25% de las clases sean en castellano en los centros educativos de la comunidad autónoma catalana.
La consellera de Educación, Anna Simó, ha cargado contra la sentencia del TSJC asegurando que «se está excediendo en sus funciones y está suplantando funciones del legislativo y el ejecutivo. Tal como temíamos, el TSJC ha querido entrar en campaña y lo ha hecho«, ha afirmado la separatista Simó.
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